El juego de presiones para desactivar el caso D’Alessio y anular su efecto electoral

El objetivo de los operadores judiciales y políticos no es sacarle la «causa D’Alessio» al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sino paralizarla en tiempos electorales. Neutralizar un expediente en el que a cada rato aparecen vínculos nuevos del falso abogado Marcelo D’Alessio con personajes estrechamente relacionados con el actual gobierno. En la última semana irrumpieron en el expediente nuevos elementos que prueban el vínculo de D’Alessio no sólo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sino también con dos de sus colaboradores: Martín Siracusa, subsecretario de Gestión Administrativa, y Martín Verrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico. En el expediente figuran chats y constancias informáticas de esos contactos a través del programa de comunicaciones WhatsApp. 

La Cámara Federal de Mar del Plata se apresta a resolver si Ramos Padilla es competente o no para seguir adelante con la investigación por la que están presos D’Alessio, los expolicías Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y el espía Rolando Barreiro. Los teléfonos y sobre todo los llamados vía WhatsApp arden. Las presiones para obtener un fallo que desactive la investigación son tan intensas como imposibles de probar, a menos que alguno de los que las sufren tengan el coraje de denunciarlas.

Dos escenarios asoman en el horizonte marplatense. El primero, el apartamiento total de Ramos Padilla. Declarar su incompetencia por razones de territorialidad y sacarle todo el expediente (que ya lleva 25 cuerpos y más de 50 legajos de prueba) para mandarlo a Comodoro Py 2002 y que un nuevo juez designado por un sorteo transparente (a estas alturas, casi un oxímoron) se haga cargo de la continuidad de la investigación. El segundo es más complejo aún: admitir la competencia de Ramos Padilla pero sólo para el hecho que originó la causa, es decir el presunto intento de extorsión contra el productor agropecuario Pedro Etchebest, y desparramar todos los otros en distintos juzgados federales del país: Necochea, Neuquén, Mercedes, Formosa, Corrientes y, por supuesto, también los Tribunales de Retiro. Hay una tercera variante que es una combinación de las dos anteriores: atomizar la causa incluyendo el caso Etchebest.

El fiscal de Cámara de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, se inclina por mandar todo a Comodoro Py. «Los actos que podrían tener relevancia típica y que resultan materia de investigación ocurrieron en su mayoría en una jurisdicción determinada pero ajena al ámbito de competencia del juez Ramos Padilla». En su dictamen, embistió contra el juez argumentando que «mediante fundamentos aparentes intenta apropiarse de la investigación de un sinnúmero de hechos que, a tenor de los elementos probatorios incorporados a la encuesta, habrían sido cometidos fuera de su jurisdicción, cuando resulta evidente que en uno solo de ellos una parte de la ejecución ocurrió dentro de su ámbito de actuación».

En cuanto a Etchebest, el fiscal enfatizó: «No quedan dudas que la conducta de la que resultara víctima se consumó en el momento que este efectuó los pagos ilegítimos exigidos, y esto ocurrió en Capital Federal».

Además, Pettigiani citó jurisprudencia de la Corte, que tiene dicho que «en aquellos casos que se investiga asociación ilícita se debe asignar competencia al juez de la jurisdicción donde se habrían desarrollado en su mayor parte el accionar de sus integrantes».

La primera consecuencia jurídica de cualquiera de esas alternativas será la desaparición virtual de la figura de la asociación ilícita. Cada hecho pasaría a ser independiente del otro, con un único punto en común: D’Alessio. Entonces el falso abogado tendría una veintena de causas repartidas en distintos juzgados, con supuestos cómplices que van variando en cada caso, pero no habría asociación ilícita sino un mismo y principal responsable de distintos hechos. Algo así como arrojar un balde de agua sobre un plato de sopa.

La otra consecuencia casi automática (de hecho, de alguna manera ya empezó a ocurrir) será la paralización de la causa. Algo parecido ocurrió con la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman: la revoleaban de un tribunal a otro hasta que la Corte Suprema resolvió entregarla a Comodoro Py. En ese ínterin –que duró varios meses– no hubo movimientos de importancia. En rigor, después de que fue a Federal y una vez cumplido el objetivo de decir que había sido un asesinato, tampoco.

La pelea por la competencia es inevitable y tiene destino final de Corte Suprema. Por lo menos media docena de querellantes están preparando recursos de apelación y nulidad contra la eventual salida de Ramos Padilla. Y apuntan sus cañones a la Cámara Federal de Casación Penal, próxima estación en la que se detendrá el expediente. ¿Qué podría decir el máximo tribunal penal del país? Los pronósticos indican que será un fallo dividido y ponen un enorme signo de interrogación sobre uno de los tres jueces del tribunal, Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci. Y de ahí, derechito a la Corte, que no tiene tiempos preestablecidos para decidir el destino final de la investigación sobre la contaminación de los servicios de inteligencia y los gobiernos sobre el Poder Judicial. Por un simple cálculo cronológico, es virtualmente imposible que se resuelva qué juez quedará definitivamente al frente de la (o las) causas antes de las elecciones de octubre. «