A cuatro meses de las presidenciales y ante su decisión de retirarse de la política, lanzó una ambiciosa reforma constitucional para marcar la cancha en plena campaña por su sucesión.
En el 107° aniversario de la Constitución de 1917, AMLO presentó una ambiciosa propuesta que incluye 20 reformas —18 constitucionales y dos legales—, que modifican 51 de los 136 artículos de la actual Carta Magna y abarcan una diversidad de tópicos en materia política, económica, laboral, previsional, de educación, salud y judicial, entre varias otras.
En esta batería de reformas, que serán discutidas por el Congreso, se destacan: el salario mínimo siempre por encima de la inflación; la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales; jubilaciones con el 100% del salario; el retiro del fuero al presidente; la elección de jueces por voto popular; y el reconocimiento a los pueblos indígenas.
“La esencia de estas medidas es reencauzar la vida pública. Estas propuestas son distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron en todo el periodo neoliberal, cuando en esos 36 años de ese oscuro periodo no se pensó en beneficiar al pueblo sino en ajustar el marco legal para el despojo en favor de una minoría”, argumentó AMLO.
Citando los postulados de los curas independentistas Miguel Hidalgo y José María Morelos y el legado de la revolución mexicana de 1910 y la Constitución que emergió de ese proceso (la primera de la historia que incluyó derechos sociales), el mandatario explicó la motivación del proyecto: “Las reformas promovidas en el periodo neoliberal representaron adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Constitución, que fue fruto de un movimiento popular revolucionario y concebida con un espíritu nacional, social y público”.
Cambios y continuidades
El paquete de reformas le otorga un lugar destacado a la educación, garantizando por ley la entrega de becas a estudiantes de familias pobres. “La educación pública, gratuita y de calidad es un principio básico —señaló AMLO— que estuvo en riesgo en el periodo neoliberal, cuando se pretendió privatizarla y dejarla a expensas del libre mercado, como si se tratara de una mercancía, haciendo que la enseñanza no sea un derecho sino un privilegio”.
La iniciativa también busca blindar, elevando a rango constitucional, los programas sociales como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Sembrando Vida y la pensión para adultos mayores.
En cuanto a las reformas políticas, se modifican artículos que buscarán reducir el financiamiento de los partidos para las campañas, la cantidad de autoridades municipales y eliminar las candidaturas plurinominales, con lo cual la Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 bancas y el Senado de 128 a 64.
El apartado judicial, además de la elección por voto ciudadano, contempla la reducción de la Corte Suprema de 11 a 9 miembros y el período en el cargo de 15 a 12 años, la eliminación de la pensión vitalicia y un tope de sueldo para las y los magistrados.
Otras enmiendas del proyecto proponen garantizar la atención médica integral gratuita, prohibir el maíz transgénico y el fracking, no otorgar concesiones mineras a cielo abierto, hacer respetar las zonas con escasez de agua, prohibir el comercio de drogas químicas como el fentanilo y que el Estado garantice el acceso a internet.
Para aprobar estas reformas, el oficialismo precisa dos tercios de los votos en ambas cámaras, con lo cual requiere el apoyo de legisladores opositores. Una oposición que quedó contra las cuerdas ante el dilema de qué hacer frente a iniciativas indudablemente progresivas en medio de una campaña electoral cuesta arriba.
Es que de cara a las presidenciales del 2 de junio, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, aparece picando en punta en todos los sondeos, muy por encima de Xóchitl Gálvez, la aspirante del frente que armó la partidocracia tradicional del PRI, el PAN y el PRD.
La única carta con la que parece contar esta debilitada oposición es la maquinaria mediática que desplegó una estruendosa fake news sobre un supuesto financiamiento del narco a la campaña de AMLO en 2006.
El legado de AMLO
Pese a esa campaña sucia, AMLO cerrará su sexenio de gobierno con una altísima aceptación popular, algo poco habitual en la América Latina actual. En otro guiño a los simbolismos históricos, anunció que el 30 de septiembre, en la conmemoración del 214° aniversario del Grito de Independencia, se retirará de la vida política al terminar su mandato.
Lo hará antes de cumplir 71 años y frente a un Zócalo que se colmará para despedirlo. Como broche de oro, pretende dejar su propio legado: una reforma estructural que proteja los cambios de la llamada “cuarta transformación” de cara al futuro. En palabras de AMLO: «Si los reaccionaros logran volver al poder, que la regresión les resulte muy difícil hasta el punto de que les sea imposible eliminar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo”.
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