El nuevo presidente de la UIA deberá pagar un 31,6% de aumento en los salarios

Por: Alfonso de Villalobos

Miguel Acevedo es el dueño de la Compañía Aceitera General Dehesa. Las cámaras del sector acaban de cerrar un acuerdo paritario con el sindicato que, otra vez, quiebra el techo salarial del gobierno.

El mismo día que la Unión Industrial Argentina (UIA) adelantó que el empresario aceitero Miguel Acevedo será quién presida la entidad para el próximo mandato, se conoció que las Cámaras del sector (CIARA, CIAVEC y CARBIO) firmaron la paritaria salarial de los obreros y empleados aceiteros que se encuentran en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05. Allí, nuevamente, los trabajadores del aceite lograron quebrar el techo para la discusión que pretende imponer el gobierno. En este caso aceptaron un incremento del 31,6% contra el 20% que pretende el ministro Jorge Triaca. 

El sindicato ya lo había logrado el año pasado con un acuerdo de incremento salarial de alrededor del 38% cuando el gobierno no estaba dispuesto a homologar acuerdos superiores al 30%. El año anterior, en 2015, cuando la cartera laboral todavía estaba a cargo de Carlos Tomada y gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno había fijado un techo del 25 por ciento que, luego de 25 días de huelga, también logró ser superado por la Federación  Aceitera que conquistó un incremento del 36%. 

Así las cosas, el salario inicial, correspondiente al peón, ingresante sin formación ni experiencia, pasa a $ 25.690 desde el 1º de abril de 2017 mientras que la categoría más alta percibirá un básico de $32.446. A estos salarios se les deben agregar los adicionales convencionales de antigüedad (1% cada año) y lo que corresponden a los turnos rotativos (18% para tercer turno y 30% para cuarto turno).

Según fuentes sindicales, desde la huelga de 2015, el sindicato se aferró “al planteo del derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores «alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión».

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