El ombudsman de Bolivia acusa al gobierno de facto de cometer delitos de lesa humanidad

La Defensoría del Pueblo de Bolivia aseguró que la administración de Jeanine Áñez es responsable de violaciones de derechos humanos y delitos contra la humanidad durante los conflictos sociales de fines de 20l9.

La Defensoría del Pueblo (ombudsman) de Bolivia dijo este jueves que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez fue responsable de violaciones de derechos humanos y delitos contra la humanidad durante los conflictos sociales de fines de 20l9.

«En Bolivia ha existido violación a los derechos humanos entre octubre y noviembre del año 2019. Empecemos por señalar que el gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto poselectoral», dijo la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una conferencia de prensa.

Afirmó que el gobierno derechista de Jeanine Áñez «ha incurrido en asesinatos en forma sistemática en contra de población civil bajo conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas bajo la actual administración gubernamental a fin de consolidarse en el poder y en actos de tortura por parte de la Policía».

Asimismo, señaló que no se aclararon los hechos y las víctimas no lograron acceder a una justicia oportuna.

Tras las elecciones presidenciales de octubre de 2019, que luego fueron anuladas, se desataron protestas opositoras en todo el país con denuncias de fraude en favor del entonces presidente izquierdista Evo Morales, quien aspiraba a ser reelegido hasta 2025.

Primero se registraron choques entre civiles y luego de manifestantes y fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas en varias regiones, que sumaron unos 35 fallecidos.

Los conflictos más serios se dieron entre el 15 y 19 de noviembre en el poblado de Sacaba, en la región central de Cochabamba, y en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, según la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH), lo que fue ratificado por la Defensoría del Pueblo.

El gobierno ha señalado varias veces que todos los muertos registrados durante esos conflictos no son atribuibles a las fuerzas de seguridad. Incluso dijo que cayeron en manos de los propios manifestantes.

Además, ha denunciado ante la Fiscalía al exgobernante Morales de promover esa violencia social. Tras dimitir en noviembre de 2019, Morales se asiló en México y un mes después se refugió en Argentina. Áñez, quien le sucedió en el poder, afirma que el mandato de la defensora Cruz ya venció y que ella es aliada de Morales.

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