El remate de la tierra

La semana pasada, los integrantes de la Mesa Agroalimentaria Argentina, que núclea a los medianos y pequeños productores de alimentos, vio con buenos ojos el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que declaró inconstitucional el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 20/2023 de Javier Milei. El fallo derogó la llamada Ley de Tierras.

Sin embargo, el definitivo cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) fue un golpe muy duro para un sector que se nutre hace años de esa experiencia.

“Este gobierno nos está haciendo mucho daño. Es una situación muy dolorosa. Estamos siendo perjudicadas todas las familias que éstabamos trabajando allí (unas 900 personas despedidas), pero también por la ayuda que solemos dar a los pequeños productores, realizando trámites o brindando apoyo en su propio territorio”  cuenta Yolanda Tolaba, trabajadora del Inafci y productora de la Unión de Trabajadoras de la Tierra (UTT).

“La ayuda del Inafci es muy necesaria, como sucede ahora con el temporal donde mucha producción se echó a perder. También venimos ayudando a organizar la producción a través de la agroecología, que es un trabajo más liviano y saludable para ellos y para el consumidor. Esto nos lleva muchos años de formación en que los productores nos tengan confianza y nos integren a su grupo familiar”, asegura Tolaba, que aclara que este trabajo de apoyo en las periferias rurales se realiza en articulación con otros sectores del Estado como el INTA o distintas universidades. 

La política de la crueldad

“Ni hablar que este gobierno está imprimiendo una política de la crueldad. Porque es cruel que la gente no tenga para comer, que no podamos pagar el pasaje de colectivo, las facturas de agua, gas y luz. Es cruel que quienes alquilamos tengamos que someternos a negociaciones imposibles con los dueños de esas tierras o esas casas y no tengamos nada que nos proteja ante el aumento de todos estos precios”, opina Josefina Galán, coordinadora de la UTT y encargada, entre otras cosas, de los comedores populares que sostien la organización.

“Es cruel que le corten a las familias el Potenciar Trabajo diciendo que han viajado al exterior. Cuando viajaron una vez en cuatro años a su país de origen para visitar a un familiar enfermo, a despedir a alguien que ya no está. Como si se hubieran ido de vacaciones a Cancún”, explica Josefina. “Es muy violenta la situación y es un política del odio. Porque odian a las mujeres, odian los migrantes, a los pobres, y cada vez se va viendo más en las políticas que están llevando adelante. A lo que se suma una lógica hiperindividualista que nos quieren transmitir que debemos practicar”, agrega.

En medio de esta coyuntura el fallo que suspende la derogación de la ley de Tierras fue visto como una victoria pírrica frente al avance del agronegocio y las empresas concentradas sobre la frontera agrícola. Un avance que se ejerce aprovechando la indefensión de los pequeños productores, pero también las ganancias extraordinarias que fomenta el Estado a través del mercado financiero o en planes como el dólar soja. Situación que, denuncia la MAA, solo incrementa el desplazamiento de familias campesinas a la pobreza de las grandes urbes y estimula la inflación en el precio de los alimentos.

Una gota en el desierto

“Con el DNU se pretendía barrer con una de las conquistas más importantes en materia de tierras en los últimos tiempos, después de un proceso muy largo de lucha. Así que este fallo es muy importante”,  afirma Pablo Paillole, productor del sur de Santa Fe y dirigente de Bases Federadas, dentro de la MAA. “Sin embargo, nosotros en materia de tierras tenemos dos grandes problemas. El primero es la extranjerizacion, que pone en riesgo no sólo la soberanía alimentaria sino también la militar. Pero también es importante luchar contra la concentración de tierras, sea extranjera o nacional. Para que miles y miles de pequeños productores puedan tener acceso a la tierra y garantizar la seguridad alimentaria”, agrega Pailolle.

“Fue muy profundo el desmantelamiento de las herramientas del Estado, incluso desde la última dictadura cívico militar. Revertir eso y los efectos del modelo agropecuario que se ha impuesto es muy difícil. Esto ha contribuido a que la concentración en la producción y las cadenas de comercialización se haya profundizado, permitiendo el abuso o la especulación con los precios”, agrega Luciana Soumoulou, también de Bases Federadas.

El último Censo Nacional Agropecuario de 2018 elaborado por el Indec muestra que en quince años se perdieron un 25% de unidades productivas de alimento. Si la comparación es con el censo de 1988, la pérdida fue del 41,5 por ciento. Como en otros gráficos estadísticos de la economía Argentina (como el salario real, la pobreza o el hambre), está pendiente se ha agudizado  estrepitosamente durante el gobierno de Javier Milei.

Ya el año pasado la MAA había denunciado desmontes o desalojos ilegales de pequeños productores en manos de grandes empresas en todo el país. Durante su disertación en el Congreso Nacional por el tratamiento de la Ley Ómnibus, el abogado ambientalista Enrique Viale advirtió que la derogación de la Ley de Bosques le había permitido al grupo Cresud (con un millón de ha en toda la Argentina) desmontar 120 mil ha (6 veces la ciudad de Buenos Aires) en los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Un presidente que no tiene empacho en hacer viajes o alojarse en  hotel de Eduardo Elsztain, dueño de Cresud y uno de los hombres más ricos de la Argentina.