Las empresas y los particulares podrán aportar hasta el 2% del total de la campaña de una fuerza política. Los sindicatos quedaron afuera.
El proyecto se aprobó en general este martes con 48 votos a favor y 2 en contra del senador porteño Fernando “Pino” Solanas y la rionegrina Magdalena Odarda. En tanto, el FpV se ausentó por considerar que las empresas no pueden financiar la política. Tampoco estuvieron los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo, el tucumano José Alperovich, el chubutense Alfredo Luenzo, los santiagueños Gerardo Montenegro y Blanca Porcel, el neuquino Guillermo Pereyra, los santafesinos Omar Perotti y Carlos Reutemann, y los oficialistas Alfredo De Angeli (Entre Ríos), Silvia Giacoppo (Jujuy) y Marta Varela (CABA).
En tanto, con votos 25 afirmativos, 23 en contra y 1 abstención queda rechazado el artículo quinto del dictamen de mayoría que permite el aporte de campañas por parte de organización gremiales, profesionales y sindicales, iniciativa que había fogoneado el bloque de Miguel Ángel Pichetto, pero que dejaron de lado en función de la aprobación de la ley.
La nueva regulación para el financiamiento de los partidos políticos, que busca habilitar a las personas jurídicas a contribuir a las campañas electorales y bancarizar los aportes.
Encuestas
La Cámara Nacional Electoral creará un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, donde deberán informar pormenorizadamente sobre los trabajos que realizaron, quiénes las contrataron y cuánto facturaron. Las empresas que no se inscriban en el registro no podrán difundir sus sondeos por ningún medio.
Por otra parte, se establece que desde ocho días antes de cada elección y hasta tres horas después de su cierre -esta última cláusula fue incorporada ahora- ningún medio podrá publicar o difundir encuestas de opinión. Los medios y las encuestadoras que incumplan con esta disposición tendrán sanciones, hoy inexistentes.
Redes sociales y plataformas digitales. La Cámara Nacional Electoral llevará el registro de las cuentas oficiales de redes sociales, sitios de Internet y demás canales digitales de comunicación de los partidos y sus candidatos, que luego deberán rendir cuentas sobre su campaña digital.
Del total de los recursos públicos destinados a la inversión en publicidad digital, al menos un 35% deberá destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional, y al menos otro 25% a sitios de producción provincial.
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