Palotinos: preocupación por las demoras de las indagatorias a 50 años de la masacre

Cuando parecía todo encaminado para que avance la causa por el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas en la iglesia de San Patricio el 4 de julio de 1976, las indagatorias llamadas por el juez federal Daniel Rafecas a comienzos de junio se postergaron dos veces y crece la preocupación en la comunidad palotina cuando faltan apenas unos días para que se cumplan 50 años de la masacre. 

En un comunicado difundido este martes, Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, organización que impulsa la investigación como querellante, informó que se suspendieron por segunda vez en el lapso de una semana los llamados a indagatoria de los cuatro ex agentes de la Policía Federal señalados por el encubrimiento de los asesinatos. 

Se trata del oficial ayudante Miguel Ángel Romano, del sargento Atilio Edgardo Juárez, del agente Serafín Losada y del oficial principal Héctor Roberto Oliveto, todos ex miembros de la Comisaría 37 acusados de haber liberado la zona la noche del 4 de julio para que miembros de la Superintendencia de Seguridad Federal ingresaran a la Iglesia de San Patricio. 

“El tribunal hizo lugar a una serie de recursos presentados por las defensas, solicitando postergar las respectivas audiencias bajo el argumento de necesitar un mayor plazo de tiempo para el estudio de un expediente compuesto por tan sólo cuatro cuerpos”, señalaron desde la querella y advirtieron por las maniobras dilatorias de las defensas para intentar garantizar la impunidad. 

La indagatoria de Losada, prevista para el 25 de junio, se aplazó primero para el 2 de julio y finalmente quedó reprogramada para el 7. En el caso de Juárez, la fecha original era el 26 de junio, se pospuso para el 3 de julio y ahora está fijada para el 8 de julio. En el caso de Oliveto, quien debía declarar el 30 de junio, se fijó para el 6 de julio.

El cuarto acusado, Romano, es el más complicado, señalaron desde Palotinos por la Memoria. El ex policía fue reconocido como quien se acercó a los vehículos de la patota que fue esa noche a cometer el crímen y luego advirtió a los vecinos que no salieran de sus casas si escuchaban disparos porque iban a “reventar la casa de unos zurdos”.

El ex jefe de calle de la seccional fue procesado en 1986 pero al año siguiente fue sobreseído al amparo de las leyes de Obediencia y Punto Final. La defensa de Romano argumenta que desde el juzgado demoraron en notificarlo en tiempo y forma sobre la nulidad de la extinción de la acción penal dispuesta por las leyes de impunidad, por lo que acudió a la Cámara Federal para evitar ser indagado. 

“Desde Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, observamos con absoluta preocupación las constantes dilaciones que impiden el avance de la instrucción, las cuales consideramos en gran medida previsibles y evitables, más aún si se tiene en cuenta que la presentación por parte de nuestra querella solicitando la citación a indagatoria de los efectivos policiales se efectuó hace un año y desde entonces no hubo ningún avance en la causa”, manifestaron desde la organización y añadieron: “En las horas previas a la conmemoración del 50º aniversario del mayor ataque cometido contra la Iglesia católica en Argentina, reiteramos una vez más nuestro reclamo para que este crimen de lesa humanidad perpetrado por el terrorismo de Estado no permanezca impune y para que podamos finalmente conocer la verdad y alcanzar la justicia”.

En la madrugada del 4 de julio de 1976, Alfredo Kelly, Alfredo Leaden, Pedro Dufau, Salvador Barbeito y Emilio Barletti fueron asesinados. Dentro de la iglesia, donde hallaron los cuerpos acribillados, había pintadas que vinculaban el crímen con la explosión en el comedor de Coordinación Federal dos días antes. “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”, decía un mensaje.  Y el otro: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM (NdR: Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo)”.

Durante años, la causa se investigó como parte de la megacausa ESMA por la posibilidad de que hubiese sido un operativo realizado por el Grupo de Tareas de la Armada. Sin embargo, desde 2022 el expediente se encuentra en manos de Rafecas a partir de las pruebas que apuntan a que se trató de una represalia de la Policía Federal.