El trigo transgénico ya se consume en el país y no podrá exportarse

Desarrollada por el Conicet y la firma Bioceres, esta variedad otorga al trigo resistencia a la sequía y al glufosinato de amonio (un herbicida diez veces más potente que el glifosato, que fue prohibido en la Unión Europea por sus posibles efectos en la salud).

El Trigo HB4 “aumenta la contaminación y la expansión de un modelo agroindustrial que destruye la biodiversidad, avanza sobre territorios de las comunidades y pone en riesgo la salud y la soberanía alimentaria”, destaca la misiva dirigida a fines de enero al relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU, Marcos Orellana.

Esta variedad transgénica fue aprobada en Argentina en octubre de 2020, y desde comienzos de 2023, la propia Bioceres confirmó que unos 25 molinos mezclan la harina convencional con la proveniente del trigo HB4.

“El problema es que todo va al mismo silo y al mismo molino y de ahí a nuestra harina, nuestros fideos y nuestro pan”, apunta Agustín Suárez, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), e integrante de la Mesa Agroalimentaria Argentina. “La semilla de trigo modificada tiene resistencia a la sequía y al glufosinato de amonio, por eso este veneno se puede utilizar en más cantidad. Muchas campesinas y campesinos con sus familias que trabajan con estos químicos desarrollan distintos tipos de cáncer, sufren pérdidas de embarazos o tienen bebés con malformaciones”, denuncia Suárez.

“Estamos consumiendo un producto agregado a nuestra alimentación, sin contar con la información suficiente sobre sus efectos sanitarios y ambientales”, dice el agrónomo Carlos Manessi, de la Multisectorial “Paren de Fumigarnos”. Además, “la contaminación genética que se produce durante la polinización no sólo complica la exportación de trigo no transgénico a países con fuertes restricciones como los de la Unión Europea, sino que también perjudica a productores agroecológicos”, señala Manessi, titular del Centro de Protección a la Naturaleza (CEPRONAT), una de las organizaciones firmantes de la misiva dirigida a la ONU.

El documento, de 14 páginas, detalla que “la aprobación del trigo resistente al glufosinato de amonio incrementa los residuos de este herbicida en los granos, harinas y productos derivados y el uso de agrotóxicos en los países productores, con impactos en la salud de la población”.

La introducción de este cultivo transgénico “expandirá la frontera agrícola hacia zonas marginales y de producción campesina, vulnerando el derecho a la tierra, al ambiente sano, y a la soberanía alimentaria”, señala el documento. Y apunta que “el trigo transgénico ya ha sido rechazado en el mundo y sólo logró su aprobación porque eludió el escrutinio público y la participación social, dado que no se realizaron consultas a las comunidades potencialmente afectadas, especialmente los pueblos indígenas y campesinos”.

Las organizaciones firmantes advierten que la agricultura intensiva llevaría a estos territorios a una mayor “marginalidad”, degradación y desertificación, agravando aún más la crisis climática. También cuestiona la “efectividad” de la ingeniería genética para hacer frente a la sequía. “Es una falsa solución frente a los efectos del cambio climático en la agricultura, pues la resistencia a la sequía es resultado de la acción combinada de un conjunto de genes en la planta, factores ambientales y técnicas culturales de manejo, que no pueden sustituirse con la manipulación de genes”.

Señala además que la firma Bioceres exageró los resultados de su biotecnología frente a las autoridades regulatorias y el público, al anunciar que los rindes del trigo transgénico superaban al convencional por un 16%, ya que no comparó los rendimientos del HB4 con el de las variedades más productivas ni más populares. Y cita un estudio del Instituto Nacional de Semillas (INASE) que señala que, en promedio, el HB4 rindió un 17% menos que el trigo convencional.

Con estos argumentos, las organizaciones firmantes del documento solicitaron al Relator Especial de la ONU instar a los Gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay (países donde fue aprobado su cultivo) que “suspendan las autorizaciones hechas a la liberación del trigo HB4; que detengan las nuevas siembras, y que se haga una evaluación de los impactos de las ya existentes en el ambiente y la salud.