Aseguran que los cambios en la legislación laboral les permitirán mejorar la competitividad ante el dólar barato, la apertura comercial indiscriminada y el mercado interno hundido.
Casi dos meses después, la situación que amenazaba las chances electorales del oficialismo empeoró en muchos sentidos, pero las empresas siguen siendo el aliado clave del gobierno para la aprobación de esas transformaciones económicas.
No solamente en lo discursivo. El sector privado aportó cuadros estratégicos como el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex referente jurídico de Techint y protagonista en el Consejo de Mayo (ver aparte).
Los empresarios también dispusieron a sus bufetes de abogados, que en las últimas semanas se consagraron a la trabajosa tarea de la redacción de la reforma laboral.
Pero ese entusiasmo contrasta con la situación de amplios sectores de la sociedad, cada vez más afectados por la caída del salario, los aumentos de precios y el estancamiento de la economía.
También choca contra los análisis críticos, que advierten que la reforma supone un avance brutal sobre los derechos laborales y prefigura un escenario de aún mayor precarización e inseguridad para la gente que vive de trabajar.
Las preguntas y las dudas sobre la potencialidad de la propuesta abundan, pero las empresas se afirman en la defensa de la reforma como antesala de un presunto boom de competitividad previo al inicio de la recuperación económica a pesar de los efectos devastadores para la industria que provocan el dólar barato, la apertura comercial y el mercado interno hundido.
El apoyo del empresariado a la reforma laboral es transversal; con matices, en función de los sectores y de los tamaños de las empresas, pero el concepto de la “necesidad” de pasarle la motosierra a la legislación laboral goza de consenso amplio entre los hombres de negocios. Incluso entre los que critican aspectos de la política económica.
Esta semana, el titular de Techint, Paolo Rocca, expresó que “la reforma laboral está en el corazón de la recuperación de competitividad”, sugiriendo que marida perfectamente con las metas de la empresa.
La frase, pronunciada en el evento ProPymes, organizado por Techint, en una entrevista con la flamante presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, fue un guiño a la agenda del oficialismo en medio de las negociaciones en las que la ex ministra de Seguridad busca los votos para que se apruebe el proyecto oficial.
Rocca venía de cuestionar la falta de política industrial en el gobierno nacional, pero frente a Bullrich simplificó el enfoque y se limitó a tres problemas que atraviesa la cadena de valor de Techint: el consumo interno, la capacidad para exportar y la importación China.
En general, Bullrich y la reforma tuvieron buena recepción en el evento. Otro Julio Cordero, dirigente autopartista del Grupo Proa, le deseó a la legisladora “mucho éxito con la reforma laboral” a la que consideró “fundamental para que en toda la cadena nos podamos flexibilizar en función de las necesidades del cliente y para no exportar impuestos”.
Pocos días atrás, la cámara autopartista cordobesa CIMCC reclamó una reforma laboral para evitar un 2026 que amaga ser muy negativo para una provincia que vive en buena medida de un complejo automotriz en decadencia.
En una línea similar, el constructor Lucas Salvatore, de la empresa IDERO, le agradeció a Bullrich por “todo lo logrado por el gobierno” y auguró que “con la reforma laboral e impositiva los industriales vamos a poder ser competitivos como las empresas de la región”.
En la semana hubo apoyos del Consejo Agroindustrial Argentino, que expresó su “acuerdo y beneplácito por el Proyecto de Ley de Modernización Laboral que además incluye el capítulo de Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI)”, un aporte expreso del sector a la letra del proyecto.
La Sociedad Rural también destacó que el gobierno tomó en cuenta propuestas sectoriales que quedaron plasmadas en el texto que se tratará en el Parlamento.
Lo propio hicieron las Bolsas de Cereales, que destacaron la reforma para “fortalecer la competitividad de la economía”. La Cámara de Comercio, la más oficialista de todas las gremiales empresarias, marcó diferencias en relación con las multas previstas en las reformas tanto al procedimiento como al régimen tributarios.
Cuando se habla de la participación de las empresas en las negociaciones del Consejo de Mayo y luego, en la redacción del proyecto de ley de reforma laboral que ingresó al Congreso de la Nación, se recortan dos nombres clave: el del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el del ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.
Antes de ser nombrado al frente de la secretaría, Cordero ejerció como jefe del área jurídica laboral del Grupo Techint y en la UIA, donde fue vicepresidente del departamento de Política Social.
Esa entidad lo envió al Congreso en 2023 para participar del debate sobre la reducción de la jornada laboral. En esa oportunidad, Cordero hizo una defensa encendida de la jornada de ocho horas y de las 48 horas semanales amparándose en el límite dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo. Cordero cambió y ahora defiende la jornada de doce horas con el argumento de que a los jóvenes les encanta la idea.
Siempre en el ruedo, Funes de Rioja sigue siendo mencionado entre los presuntos colaboradores estrechos del gobierno para el diseño y la redacción de la reforma laboral.
El nombre del abogado quedó pegado al decreto 70/23, actualmente judicializado, y a la Ley Bases, cuando se comprobó que la firma de uno de los socios del bufete Bruchou & Funes de Rioja figuraba en los metadatos del archivo digital con el borrador de esas reformas.
Aunque, en esa oportunidad, el dirigente de la industria alimenticia tomó distancia del estudio jurídico que, aseguró, está dirigido por sus hijos, en las últimas semanas volvió a sonar como uno de los aportantes centrales a la propuesta que entró al Senado el último jueves.
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