En defensa de los derechos de la ciudadanía

El día previo a la movilización federal en defensa de la universidad pública, que se anticipaba que iba a tener ribetes multitudinarios, el presidente de la Nación, Javier Milei, brindó un discurso por cadena nacional con un sentido de oportunidad que no resultó casual, y cuyo propósito fue ratificarle a los mercados financieros que no le temblará el pulso para continuar con sus políticas. Al respecto, señaló que el déficit cero «no es sólo una consigna de marketing para este gobierno, sino que es un mandamiento».

En su alocución, el presidente celebró como un «milagro económico» haber alcanzado un superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, pasando por alto deliberadamente que en aquel momento el modelo apuntaba al crecimiento de la actividad económica (el PBI crecía a más del 4% anual), del empleo y de la recaudación, un círculo virtuoso que hoy no se persigue. La frase, además, se contrapone a sus propias palabras en otras oportunidades, en las que calificó a ese periodo (20 años atrás) como «un desastre» consecuencia del «populismo».

Al conjunto de la población, en cambio, le dijo: «hemos recorrido más de la mitad del camino», en sintonía con las típicas promesas de los gobiernos neoliberales que hablan de un futuro venturoso que nunca llega.

Y es que se está viviendo un fuerte empeoramiento de la producción, de los ingresos y de las condiciones de vida de la mayor parte de la ciudadanía.

El último dato de actividad que abarca al primer bimestre de 2024, medida a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE, un anticipador del PBI), exhibió en febrero el nivel más bajo en 33 meses y la industria manufacturera tuvo su peor valor en 42 meses. Este mal desempeño productivo se refleja en los niveles de consumo privado, que además se ven afectados por la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de la población: las remuneraciones reales de los trabajadores estables (RIPTE) tuvieron su peor febrero en 21 años. En este marco, las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas en el primer bimestre muestran una caída del 11,9% respecto de un año atrás, situándose un 5% por debajo del anterior mínimo de 2019, en plena pandemia macrista.

El discurso, como ocurrió en otras oportunidades, estuvo cargado de números de dudosa construcción. Según Milei, «de los cinco puntos de déficit del Tesoro que hemos ajustado, sólo el 0,4% responde a la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones». Sin embargo, los datos muestran un panorama diferente: más de la tercera parte de la poda (34,8%) se dio en Jubilaciones y Pensiones no contributivas, seguidas por el Gasto de Capital (21,7%), principalmente obra pública.

El gasto de capital que realiza el Estado, que no sólo se utiliza para incorporar nueva infraestructura nacional y provincial sino también para darle el mantenimiento que requiere, descendió un 87% interanual real en el primer trimestre y bajó tanto que se posiciona un 61% por debajo del peor registro previo, que había sido en el primer trimestre de 2020, en los inicios de la pandemia.

Según el presidente, a partir de ahora las obras de infraestructura «pasarán a ser financiadas por el sector privado», omitiendo que hay inversiones en las que participa el Estado que pueden no ser «rentables» desde el punto de vista de la ganancia empresarial y por ende no pueden ser resueltas por el mercado. Ejemplo de ello son las obras que llegan a pequeñas localidades del interior del país y que tienen que ver con servicios básicos como la electricidad, la pavimentación de rutas, o el sistema cloacal y de alcantarillado.

También han sufrido recortes organismos del Estado como la Superintendencia de Servicios de Salud, ANMAT, Anses, hospitales nacionales, e incluso el Instituto Nacional del Cáncer y la Agencia Nacional de Discapacidad. Es evidente que estos sectores no están en la agenda de los libertarios.

Marcha federal a favor de la educación pública

La multitudinaria movilización popular del pasado martes no pasó desapercibida. No sólo por su impresionante convocatoria sino también por la diversidad de argentinos y argentinas que salieron a manifestarse en contra del desfinanciamiento de las universidades públicas que se da en el marco de las actuales políticas de ajuste.

La convocatoria surgió ante la decisión del Gobierno nacional de mantener, en un fuerte contexto inflacionario, los montos nominales que se habían destinado el año pasado. Ello dejó a la universidad pública, incluyendo a los hospitales que dependen de ella, al borde del colapso presupuestario. Cabe aclarar que el 70% de incremento de los fondos educativos que anunció el secretario de Educación en los días previos a la movilización, se circunscribe a una partida específica que constituye poco más del 5% del total del programa educativo. El 95% restante se mantiene estancado a los niveles de 2023.

Al día siguiente de la movilización, en un tuit que tituló «Causas nobles. Motivos oscuros», Milei señaló que «en ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales». El ahogo presupuestario refleja otra cosa.

Luego agregó que «como la clase política no deja pasar ninguna oportunidad para defender sus privilegios, montaron sobre una consigna justa un acto netamente político de oposición al gobierno». Más allá de los intentos del presidente de deslegitimar el reclamo, está claro que la marcha no le resultó indiferente al gobierno libertario.

La movilización se caracterizó por incluir a una amplia franja etaria, desde jóvenes que inician su vida universitaria o aún no lo hicieron, hasta adultos mayores que salieron a defender la universidad pública. Asistieron grupos organizados pero también ciudadanos/as que espontáneamente levantaban carteles hechos por ellos mismos. Es muy difícil estimar la cantidad de asistentes, pero tan sólo observando las imágenes de todo el país podemos concluir que constituyó una convocatoria multitudinaria.

Desde el Congreso de la Nación también se están llevando a cabo esfuerzos para ponerle un freno a las políticas de ajuste y, por eso, el pasado miércoles los legisladores/as de Unión por la Patria (UP) solicitamos una Sesión en Diputados para tratar la emergencia presupuestaria en las universidades, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la modificación de la ley de movilidad jubilatoria. Aunque no se llegó al quórum necesario para funcionar, sí se pudo debatir y significó un gran paso a la hora de unir fuerzas para lograr objetivos que son comunes.

Además, desde el bloque de UP se solicitó una sesión especial para el martes 30, firmada por 88 diputadas y diputados, para rechazar el DNU 70/23 de Milei. Si bien el reglamento estipula que con la firma de más de diez diputados es obligatorio que el presidente de la Cámara convoque a la sesión, Martín Menem ha indicado su intención de no convocarla, lo que constituiría una falta grave al reglamento que rige el funcionamiento de la Cámara.

Ya sea en el ámbito de la educación, de la salud, o del trabajo, los rechazos son cada vez más amplios. No obstante, es preciso que la sociedad argentina se movilice no sólo para enfrentar aquellas decisiones que la afectan de forma directa. Hay que comprender que estamos ante una gestión de gobierno que persigue un cambio estructural de la economía y de los precios relativos y ello afecta a la sociedad en su conjunto. «