Enrique Viale: «Nuestra investigación revela el entramado político-empresarial detrás del desmonte en Chaco»

Desde 2024, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas denuncia que existe un entramado de corrupción de décadas, en sus diferentes eslabones políticos y empresariales, que habilitó el desmonte ilegal de la provincia de Chaco. Tiempo conversó con el presidente de la organización, el abogado Enrique Viale, acerca del último informe presentado en la causa penal que investiga la llamada «Mafia del Desmonte» en esa provincia del norte argentino.

-¿Cómo surge el informe interdisciplinario que presentaron en el marco de la denuncia penal por la “Mafia del desmonte”?

-Este informe fue presentado en el marco de una causa penal iniciada el año pasado en la Justicia Federal de Chaco. A partir de este expediente y por nuestro pedido, la justicia suspendió los desmontes. También renunció el ministro provincial Hernán Halavacs, que fue denunciado en la causa, lo cual generó un revuelo político muy grande. En ese marco hubo un montón de allanamientos, requerimientos de la justicia, del Poder Ejecutivo, y se recabó muchísima información. Lo que nosotros hicimos ahora es sistematizar gran parte de esa información, volcarla en un informe con gráficos, expedientes, mapas, nombres propios, cifras oficiales. Estamos ampliando la denuncia en la cual somos querellantes y hemos solicitado nuevas medidas como la ampliación del requerimiento de instrucción contra el diputado Juan José Bergia y autoridades nacionales, entre otras cosas.

–¿Cómo está compuesto el entramado que habilita los desmontes ilegales?

-A partir del expediente surgió una investigación que revela con mucha precisión el entramado político-empresarial que existe detrás del desmonte en Chaco. El año pasado denunciamos y ahora, ampliamos con mucha más precisión esos eslabones, a partir de la información oficial recabada en ese expediente. Este entramado excede incluso el poder político local, por eso hablamos de las “mafias del desmonte”. Va más allá de quien ejerce el poder político, es algo que ya tiene mucho tiempo, parte de los análisis datan del año 2012. Mostramos con mucha precisión cómo desde hace décadas funciona una maquinaria que va modificando leyes, creando resoluciones en el Poder Ejecutivo y Legislativo local, con un Poder Judicial local que mira para otro lado. Eso hace que haya una especie de “casta” que se enriquece a partir del desmonte, de la destrucción de los montes.

«Había funcionarios que gestionaban y habilitaban el desmonte a escalas industriales en beneficio de empresas nacionales y extranjeras. Es un entramado muy poderoso, con tentáculos por todos lados. Una de las empresas más poderosas es MSU, que recibió permisos para desmontar más de 6.000 hectáreas, con permisos truchos además, porque lo que hacían eran recategorizaciones prediales o autorizaciones especiales. Eso era un invento del ex secretario forestal de la provincia, Miguel Ángel López. En solo un año, este señor otorgó 300 permisos de cambio de uso de suelo por casi 35.000 hectáreas», acotó Viale.

–¿Qué descubrieron con el cruce de datos en relación al transporte de la madera?

-Nosotros demostramos que se utilizaban las guías de transporte, que son los permisos que te permiten transportar madera en una provincia y demostrar que no es producto ilegal. En el cruce de datos, nos dimos cuenta que entregaban cantidades desproporcionadas de guías de transporte forestal respecto al volumen autorizado. Es decir, usaban una misma guía para llevar varias veces y blanquear de alguna manera la madera ilegal. A modo de ejemplo, uno de los denunciados Ramón Jalil Abraham, tuvo 1.374 guías y es propietario solo de 50 hectáreas. Es una cuestión objetiva, no da el número. Había guías sobregiradas para que puedan transportar con apariencia legal la madera extraída de manera ilegal.

–¿Qué demostraron durante la investigación en relación a los fondos de la Ley Nacional de Bosques?

-Denunciamos la corrupción en relación a los fondos nacionales de Ley de Bosques y lo constatamos con datos oficiales, el 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales. Esto quiero destacar, que hicimos un trabajo interdisciplinario –no solo de abogados– que llevó meses, con un minucioso cruce de datos, gráficos, y de ahí surge.

–¿Qué importancia tiene en este entramado la creación de las llamadas autorizaciones especiales?

-Son un punto central en la investigación penal federal porque demostramos que desde el Poder Ejecutivo diseñaron un sistema de incentivo bajo el ropaje de legalidad. Pero es un mecanismo que permite ingresar la madera obtenida de montes ilegales al mercado formal. Es una forma de regularizar lo ilegal, por ejemplo, en el año 2024 hubo 24 autorizaciones especiales gestionadas por el ex ministro Halavacs. Por eso en el informe decimos que era el zorro en el gallinero. Era la máxima autoridad y eso es un escándalo, que la máxima autoridad de protección del bosque haya sido el gestor -en su actividad privada- de la mayor cantidad de pedidos de desmonte de la provincia, con vínculos con las empresas, entre otras cosas.

–¿Qué impacto tuvo en la ciudadanía esta denuncia?

-Era un secreto a voces lo que pasaba. La gente que vive ahí no se animaba a denunciar, lo que nosotros hicimos fue recopilar y recibir estas denuncias, habilitamos una línea para denunciar el desmonte y mantenemos el anonimato. Nos llegaron un montón y pudimos parar varios desmontes. Incluso en un caso, el del empresario Roberto Nardelli, secuestramos la topadora.  

–¿Qué parte del entramado alcanza niveles nacionales?

-Nosotros denunciamos el canje de votos en el Senado. Víctor Zimmerman, senador del oficialismo de Chaco, pidió licencia cuando renunció a la Halavacs y ocupó el cargo de ministro de Producción vacante. Pero cuando el Gobierno nacional necesitaba los votos, retomó la banca en el Senado y le votó todas las leyes. Fue en canje con el Gobierno nacional por, entre otras cosas, la aprobación del ordenamiento territorial de bosque nativo que se hizo en abril de este año. Chaco es una de las regiones de mayor desmonte del mundo, no solo de Argentina. Y a su vez, es una de las provincias más pobres de nuestro país, con peores índices socioeconómicos. El área más pobre de Argentina, según el INDEC, es el Gran Resistencia, nosotros vemos una vinculación directa entre una cosa y otra. El desmonte es pobreza.