Entre la justicia y la impunidad, el destino de la democracia brasileña

Desde el lunes pasado, Jair Bolsonaro está en el banquillo de los acusados, afrontando un juicio por intento de golpe de Estado en Brasil. A diferencia de Dilma Rousseff, que fue destituida por una supuesta maniobra fiscal ilegal, y de Luiz Inácio Lula da Silva –acusado falsamente de recibir un departamento como soborno–, ellos enfrentaron con hidalguía sus ficticios juicios cara a cara al Tribunal. En cambio, la cobardía del expresidente de ultraderecha se plasma en que mira su proceso acobachado en su casa.

Y cabe señalar la gran diferencia entre los supuestos delitos que enfrentaron Dilma y Lula, y el plan encabezado por Bolsonaro para desconocer el resultado de los comicios de octubre de 2022, arrestar al juez electoral, Alexandre De Moraes, junto a Lula, para incluso matarlos, a fin de instaurar una dictadura en Brasil.

La existencia del Plan no fue negado por Bolsonaro, sino que alegó que evalúo no llevarlo acabo. Pero la evidencia muestra que no es cierto. Desde el mismo día de la elección, las huestes de Bolsonaro impulsaban demoras de votantes petistas para evitar la emisión de su voto, atento a que la diferencia parecía mínima entre los candidatos. Luego, intentaron impugnar selectivamente mesas favorables a Lula, a fin de revertir la derrota. Sin embargo los dos millones de votos de distancia que le sacó, desató el intento de impugnar toda la elección, generando una movilización para poner en marcha el Plan: arrestar y matar a Lula y Moraes. Y no se agotó allí, Bolsonaro propició una movilización el 8 de enero de 2023 para invadir la sede de los Poderes de la República en Brasilia, como último intento de evitar el gobierno de Lula.

Ahora, Bolsonaro se victimiza y sostiene en sus redes que «el truco de acusar a líderes de oposición democrática de planificar golpes de Estado no es algo nuevo. Todo régimen autoritario, en su sed de poder, necesita fabricar enemigos internos para justificar persecusión, es la censura y las detenciones arbitrarias». No obstante, el implacable accionar del fiscal general de Brasil, Paulo Honey, le permite acusar a Bolsonaro de liderar el intento de perpetrar un golpe de Estado. Con esto, el Supremo Tribunal Electoral, presidido por el magistrado Alexandre de Moraes, avanza hacia la condena de Jair Bolsonaro y otros 33 partícipes del plan.

Ante éste escenario, la extrema derecha brasileña está sumando adeptos para propiciar una amnistía amplia para los involucrados en el intento de golpe. La medida es una facultad del Legislativo que, a través de una Ley, puede otorgar el indulto en forma general por un delito, siempre grupal no individual, por lo que la misma beneficiaria a todos los implicados. 

Con el espaldarazo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien subió los aranceles al 50% a los productos brasileños e impuso sanciones al mismo juez Alexandre de Moraes, se está articulando un bloque parlamentario, encabezado por Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, acompañado por el pastor evangelista Solas Malafia, quien tiene influencia en un importante bloque religioso. También apoya el actual gobernador de San Pablo, Tarcisio Freitas, pero con reparos sobre el alcance de la Amnistía. Al estar especulando en ser el candidato presidencial en 2026, no estaría de acuerdo en sacar la inhabilitación de Bolsonaro.

Durante este domingo, las calles brasileñas se colmaran de banderas verde-amarelas, pero esta vez las enarbolaran los militantes petistas, que lograron arrebatarle el estandarte nacionalista a los bolsonaristas, tras la embestida de Trump para una amnistía a Bolsonaro. El firme posicionamiento de Lula y el accionar de Moraes reordenaron el escenario político que avanza hacia la condena del expresidente. Así tienen el desafío de consolidar la república en Brasil con el apoyo del pueblo, base esencial de la misma. De ésta manera, la democracia brasileña juega su destino entre la justicia y la impunidad.