Cinco efectivos de la Bonaerense están acusados de matar a siete presos durante el incendio de una comisaría. La querella denuncia privilegios para los imputados.

Pablo Caldentey, quien representa a los familiares de dos de las víctimas, informó que la decisión del juez ya fue recurrida ante la Cámara de Apelaciones de Pergamino por el fiscal Néstor Mastorchio y casi todos los abogados querellantes.
Solazzi concedió el arresto domiciliario con monitoreo satelital a través de una tobillera con GPS al teniente primero Sergio Ramón Rodas, los oficiales Alexis Miguel Eva y Matías Exequiel Guillieti, el sargento César Brian Carrizo y la ayudante de Guardia Carolina Denise Guevara. Estos cinco policías están detenidos desde el 3 de abril por el delito de abandono de persona seguido de muerte; sin embargo, el magistrado aclaró que sólo podrán gozar del arresto domiciliario cuando la Cámara confirme su decisión.
Es un fallo tirado de los pelos, que no tiene razón de ser. El juez nunca menciona los riesgos procesales y sólo se basó en el buen concepto de la asistente social, consideró Caldentey, quien apeló la decisión del magistrado justamente por entender que con un arresto domiciliario los imputados pueden escapar y/o entorpecer la investigación.
El miércoles 5 de julio, mientras los familiares esperaban ser recibidos por el juez para que les explicara los motivos del otorgamiento de la prisión domiciliaria, vieron que en el patio central del edificio de los tribunales los imputados se encontraban almorzando con sus familias, sin esposas ni custodia.
Para la Comisión Por la Memoria (CPM), que patrocina a los familiares de tres de las víctimas, resulta preocupante semejante falla de seguridad y privilegio a integrantes de la fuerza policial imputados por la muerte de 7 detenidos, más aún teniendo en cuenta que el máximo responsable, el entonces comisario de la 1º, permanece prófugo desde hace varios meses.
Por estos motivos, la CPM participará, el martes 11 desde las 8 de la mañana, de la audiencia en la Cámara de Apelaciones, en la que ampliará los fundamentos para exigir que se revea el otorgamiento de la prisión domiciliaria a los imputados por la llamada Masacre de Pergamino.
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