Especialistas jurídicos con miradas distintas advierten que la decisión de la Corte daña al sistema democrático y «el Estado de derecho»

«Las instituciones están funcionando mal y lo que estamos viendo son precisamente las consecuencias de ese mal funcionamiento, que pone en peligro el Estado de derecho», señaló la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort. La especialista indicó que la ley 48, que determina las jurisdicciones y competencia de los tribunales nacionales, «dice que la única manera que puede intervenir la Corte en este tipo de casos es cuando hay sentencia firme de los tribunales de provincias».

«En el caso de San Juan no hay sentencia firme del tribunal de provincia. Y en el caso de Tucumán hay una sentencia del tribunal de provincia pero no fue impugnada por la vía que corresponde, que es un recurso extraordinario», detalló. Tanto Manzur como Uñac obtuvieron el aval judicial en las provincias para sus postulaciones, que habían sido cuestionadas por las fuerzas de la oposición. Además, Peñafort destacó que «los miembros de la Corte tienen claramente una especial animadversión con uno de los afectados, como es el caso de (el candidato a gobernador de Tucumán, Osvaldo) Jaldo, que ni siquiera puede ser impugnado».

La Corte Suprema suspendió las elecciones previstas para este domingo en San Juan y Tucumán, con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.

Los planteos opositores apuntan a impedir la posibilidad de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo -uno como vicegobernador y tres como gobernador- y que Manzur integre por quinta vez la máxima jerarquía del Ejecutivo provincial, lo cual, a juicio de los de demandantes, choca contra los principios de la alternancia.

Foto: Télam

En tanto, el abogado Andrés Gil Domínguez publicó en su cuenta de Twitter «algunas breves reflexiones constitucionales» en torno a la medida cautelar dictada por la mayoría de la Corte Suprema de Justicia.

«Desde el punto de vista constitucional, la CSJ está habilitada para dictar estas medidas cautelares aunque tengan una argumentación escuálida en relación a lo que resuelven. El problema es el manejo político que hace el tribunal de un instrumento jurídico válido», indicó Gil Domínguez.

Y aseveró que «suspender preventivamente una elección de autoridades provinciales a 5 días de su realización, cuando sobró tiempo para resolver el fondo de la cuestión, genera un daño gravísimo al sistema democrático argentino y pone en crisis la argumentación jurídica utilizada«.

La Corte citó los casos de Gerardo Zamora en Santiago del Estero en 2013 y de Alberto Weretilneck en Río Negro en 2019, quienes debieron resignar sus postulaciones, aún cuando la controversia se zanjó mucho antes de los comicios y no involucró ninguna suspensión.

Al respecto, Gil Domínguez señaló que «la jurisprudencia de la CSJ habilita la instancia originaria cuando está en juego el principio republicano de gobierno respecto de la interpretación y aplicación de normas constitucionales locales -casos Santiago del Estero (2013), La Rioja (2019), Río Negro (2019)-.».