Esperan que la adhesión al canje de deuda supere el 50%

El gobierno espera una adhesión mínima del 50% al canje de títulos de deuda bajo ley extranjera que propuso esta semana, que incluye mejoras para los bonistas con relación a la presentada en abril. Para ello confía en cerrar los acuerdos preliminares que ya tiene con algunos de los clubes en que se agruparon los acreedores y conseguir que antes de la fecha límite, fijada para el 4 de agosto, se sumen muchos inversores minoristas, que no están participando en esta etapa de discusiones.

La cifra fue incluida en la comunicación realizada por el Ministerio de Economía ante la SEC, organismo estadounidense al que se pidió autorización para emitir en ese mercado los títulos que saldrían a circular si se concreta el canje. “Hemos definido un umbral de participación mínima: si al menos la mitad de los acreedores no acepta la oferta, queda caduca. Tiene que entrar por lo menos la mitad”, blanqueó el ministro Martín Guzmán, en un reportaje televisivo.

El dato forma parte de una compleja ingeniería financiera que se detalla en los anexos del decreto 520, que aprobó la enmienda de la propuesta. Allí se especifica que solo se aceptarán órdenes de canje si a la fecha de vencimiento alcanzan para enmendar una o más series de títulos “que representan al menos el 60% del monto total del capital pendiente” o bien “que representen más de 50% del monto principal agregado de todos los bonos elegibles”. La condición se establece tanto para los bonos emitidos bajo las condiciones legales establecidas en 2005 como las que se pautaron en 2016.

Ese piso es inferior al que establecen las cláusulas de acción colectiva (CACS) que extienden a todos los poseedores de esos títulos las modificaciones legales alcanzadas con una porción mayoritaria de ellos. Pero el Palacio de Hacienda considera que sería un buen punto de partida para poner en marcha su estrategia de reasignación: con las ofertas sobre la mesa, podría retirar del canje determinados títulos y dejar sólo aquellos en los que la demanda alcance para activar esas cláusulas. Ese mecanismo, que fortalece el margen de maniobra del gobierno, es el que impugnan los bonistas más duros, porque creen que saltea su capacidad para boicotear la reestructuración.

Lo que subyace en este intríngulis de porcentajes y condiciones es la convicción oficial de que, si bien la adhesión no alcanzará para despejar el camino de obstáculos legales, se puede obtener una masa crítica para imponer el canje y continuar más adelante la discusión por el resto de los U$S 66 mil millones en juego. “Argentina está considerando también la posibilidad de no llegar a resolver todo y resolver una buena parte. Nosotros vamos a considerar cerrar con una parte arreglada”, admitió Guzmán en una entrevista con Radio con Vos.

Entre los que formarían parte de la solución figuran los fondos agrupados en el Comité de Acreedores. Dos de ellos, Fintech y Gramercy, informaron a través de un comunicado que “acogen con beneplácito el anuncio por parte de la República Argentina, incluidas las mejoras en los términos y condiciones de su oferta original”. De manera reservada, los fondos Greylock y Oaktree también habrían dado su visto bueno. A ellos se suma el grupo que había aceptado el canje al vencimiento del plazo original: Hacienda jamás informó el dato exacto, pero se supone que reunían entre el 15% y el 20% del capital. Con ellos, más los que acepten el premio especial por ingresar antes de la fecha límite (el reconocimiento de los intereses acumulados en estos cuatro meses de negociación) y los que se sientan seducidos por las condiciones más favorables otorgados a los bonos emitidos en 2005 (en algunos de ellos el valor presente neto alcanza al 60% de su capital nominal), se alcanzaría esa masa crítica.

Del otro lado quedarán los fondos más intransigentes, agrupados en el grupo Ad Hoc que lidera BlackRock. Con ellos, el diálogo está virtualmente roto. “Al principio la distancia era enorme y recibíamos demandas imposibles de sostener. Ahora ya estamos de acuerdo con un grupo y con otros, no. Ahora la pelota está del lado de los acreedores”, graficó Guzmán.