Estados Unidos: un país en guerra consigo mismo

La última masacre en una escuela ocurrida en Florida el miércoles pasado cuando Nikolas Cruz, un exalumno de 19 años, mató a 17 personas e hirió a más de 20 antes de ser detenido reavivó el debate sobre el control de armas en Estados Unidos o, mejor dicho, el no debate. El presidente Donald Trump se dirigió a una «nación de luto» al hablar del tiroteo en la escuela de Parkland, en un discurso en el que prometió enfrentar «el difícil problema de la salud mental» pero evitó mencionar medidas para el control del acceso a las armas. 

Paradójicamente, fue Trump quien eliminó los pocos cambios que había logrado introducir su antecesor, Barack Obama, a través de decretos. Y uno de los controles que anuló, ni bien asumió la presidencia, fue el que prohibía que un enfermo mental pueda comprar un arma. Hoy, un joven de 19 años como Cruz pude comprar un potente rifle AR-15 como el que utilizó en la masacre (ver aparte), pero no puede comprar bebidas alcohólicas hasta cumplir los 21 años.

La postura de los dirigentes republicanos es de una liviandad ante el drama que asusta. «La reacción de los demócratas tras cualquier tragedia es politizarla. Inmediatamente empiezan a decir que debemos retirar los derechos de la Segunda Enmienda de ciudadanos cumplidores con la ley. Esa no es la respuesta correcta», afirmó Ted Cruz, senador por Texas y aspirante a la candidatura presidencial republicana en 2016. En la misma línea se expresó el también republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, al indicar que el «terrible tiroteo» de Parkland no debe dar pie a un debate sobre la «supresión de los derechos de los ciudadanos».

El apoyo al uso de armas que dio Trump en su campaña presidencial fue tal, que Remington, otrora fabricante de pacíficas máquinas de escribir, se presentó en quiebra ante la caída de la demanda, ya que los compradores intuían que no habría controles y que podrían comprar las armas en cualquier momento.  

La Constitución estadounidense ampara el uso de las armas de fuego, que muchos consideran parte del ADN nacional. Sus defensores recelan de cualquier cambio que dificulte la compraventa por una combinación de temor al intervencionismo del gobierno y la creencia de que las armas son necesarias para defenderse. No hay una cifra exacta de cuántas armas de fuego hay en manos de civiles en el país, pero se calcula que son unas nueve por cada diez ciudadanos. El Servicio de Investigación del Congreso calculó, en un estudio de 2012, que tres años antes había unos 310 millones de armas, cuando la población es de 321 millones de habitantes.

La rutina se repite tras cada matanza en los últimos años. Inicialmente, impulsado sobre todo por políticos demócratas y organizaciones sociales, se reabre el debate sobre un mayor control a las armas de fuego. Pero el debate decae rápidamente por la falta de consenso entre los legisladores propiciado por el rechazo de muchos políticos conservadores y la presión del poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle, que destina 3 millones de dólares a mover influencias en el Congreso. El último cambio legal significativo en todo EE UU es de 2007, cuando se amplió la prohibición de venta a personas con trastornos y delincuentes. Pero eso fue anulado en el actual mandato de Donald Trump. «