Exigen que deje de dilatarse el aborto legal a una nena de 11 años violada en Tucumán

Después de que se conociera que una nena de 11 años quedó embarazada tras ser violada por un miembro de su familia, en Burruyacú, Tucumán, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) manifestó su preocupación por la vida y la salud  de la menor. “Es sumamente preocupante que el caso haya tomado estado público y que no se haya garantizado a la niña el derecho a la intimidad negándole la posibilidad de decidir sin presiones de ningún tipo”, indicó Celia del Bono, coordinadora de Cladem Argentina.

Según Cladem, la vida de la niña y su familia fue expuesta de manera morbosa e innecesaria, revictimizándola, con el agravante de que cada día que pasa sin poder acceder a la interrupción legal del embarazo pone más en riesgo su salud física, psíquica y hasta su vida.

“Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los términos de la Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, recordaron desde la organización.

En 2016, CLADEM presentó su investigación sobre el embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe. En un balance realizado en catorce países de la región. El informe parte de la preocupación por la invisibilidad de esta problemática que se constituye en una forma de tortura y afecta gravemente a los derechos humanos de las niñas en la región.

En Argentina cada año más de 3000 niñas menores de 14 años son obligadas a parir. Por ello, desde Cladem exigieron al Estado Provincial que garantice la protección de los derechos a la vida y la salud de la niña y que no retrase ni obstaculice la ILE y la implementación del protocolo de atención en casos de embarazos infantiles, de aplicación obligatoria en toda la provincia, a fin de garantizar un efectivo cumplimiento de las leyes y tratados vigentes.