Tres meses después, hay quienes aun viven en carpas y sin agua. También se preguntan por el destino de los $7.000 millones supuestamente enviados por la Casa Rosada y por la falta de aportes del gobierno provincial.
También se preguntan por el destino de los siete mil millones de pesos enviados por la Casa Rosada y que no llegaron a Epuyén, y por la falta de aportes del gobierno provincial.
“A tres meses del incendio caminamos por los parajes quemados y vemos aun a familias viviendo en carpas. Sin servicios básicos como el agua, arreglándose como pueden debajo de la lluvia y sufriendo el frío. O cuando vecinos de muy mayor edad están a la deriva, llorando, y solo cuentan con la contención comunitaria no gubernamental”, describieron en un comunicado emitido en conjunto tras una asamblea realizada por la tarde el martes.
El pasado 15 de enero, y por circunstancias aún desconocidas, se desató en Epuyén incendio forestal que arrasó con más de 4 mil hectáreas de bosque nativo y mucho pino implantado, y que afectó de manera directa a 76 familias que perdieron sus casas, galpones, talleres y medios de vida. Se quedaron solo con lo puesto.
Cuando visitó la localidad en enero, el gobernador Ignacio Torres prometió personalmente a las familias damnificadas reconstruir todo lo destruido y llevar justicia a cada una, de manera tal que pudiera recuperar su vida tal y como era antes del incendio. Pero eso jamás sucedió.
Torres se limitó a enviar 20 millones de pesos para reconstruir su casa sólo a quienes comprueben ser propietarios del lote, y nada más que para una casa por terreno aunque se hayan quemado varias en un terreno. Nada recibirán los inquilinos o quienes vivían en una ocupación precaria.
También remitió una asistencia básica fija de apenas 350 mil pesos por familia por cuatro meses para la compra de alimentos, y una cifra igual por el mismo lapso para alquilar una vivienda. Llamados “subsidios de subsistencia”, las entregas desaparecerán el primero de junio, cuando las familias quedarán a la intemperie en pleno invierno patagónico.
Torres entregó aquella escasa asignación como toda ayuda para las 76 familias damnificadas, pese a que recibió siete mil millones de pesos del Gobierno nacional para Epuyén. El mandatario destinó ese dinero a otros fines y lo ocultó a través de nueve partidas que le permitieran dificultar su trazabilidad, según coincidieron legisladoras y una exministra de Economía provincial.
“Le pedimos por favor que se acerque a hablar, y escuchar respetuosamente, con toda la comunidad para brindar soluciones concretas y tomar medidas de emergencia; ¡Epuyén lo necesita!”, solicita el comunicado, cuyas súplicas no son atendidas por el gobierno provincial.
En el comunicado mencionan que algunas pocas familias han recibido materiales y herramientas para edificar sus casas con ayuda de vecinos y sus propios medios económicos, pero muchos otros “aún no ha recibido nada ni tampoco saben cómo construir una casa. Incluso hay algunos que están sufriendo discriminación y son excluidos”.
“Les decimos a las autoridades que el daño no es solo material, también es un daño anímico: estamos todos sufriendo un daño psíquico, atravesando un estrés postraumático”, revelan, y enuncian: “La verdad es que hasta ahora ningún vecino pudo volver a su casa”.
Y, tras agradecer a todas las organizaciones sociales y comunitarias que les han brindado el acompañamiento, asistencia y contención que el Gobierno provincial les niega, las víctimas le preguntan a Torres: “¿Qué planes de atención y ayuda desde los ministerios tienen para los damnificados que no tienen nada y lo perdieron todo? ¿Dónde están los siete mil millones de pesos que envió la Nación? ¿Cuál es el aporte de la provincia para Epuyén?
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