Se trata de un frente sindical integrado por CICOP de Buenos Aires, APUAP de Jujuy y APHEC del Hospital El Cruce.

En la declaración difundida tras el encuentro, desde la Federación manifestaron su profunda preocupación y repudio frente al acelerado deterioro del sistema público de salud. “Las políticas del gobierno nacional, basadas en recortes presupuestarios, despidos masivos y cierres de programas esenciales, han puesto en riesgo la salud y la vida de toda la población argentina”, señalaron. En línea con este diagnóstico, advirtieron que “el colapso sanitario es consecuencia directa del ajuste indiscriminado y la paralización de programas esenciales”.
La tragedia por fentanilo contaminado -que ya contabiliza 96 muertes- fue señalada como evidencia y consecuencia directa del desmantelamiento de organismos de control como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). “Exigimos una investigación exhaustiva y la determinación de responsabilidades políticas y penales, incluyendo la del ministro de Salud, Mario Lugones”, expresaron al respecto.
En el escrito también denunciaron el vaciamiento y el desfinanciamiento del Hospital Garrahan y de los Hospitales SAMIC, centros de alta complejidad presentes en diversas provincias que cumplen un rol estratégico en el sistema de salud integral. “Estas instituciones articulan redes territoriales y garantizan atención especializada donde no existen alternativas locales”, detallaron. Asimismo, alertaron sobre el cierre del Instituto Nacional del Cáncer y los recortes devastadores en el PAMI, que han dejado a miles de personas mayores sin medicamentos y a numerosos trabajadores sin empleo, provocando el cierre de dependencias enteras.
Por otra parte, la Federación subrayó que el ajuste salarial y los despidos masivos golpean a todo el equipo de salud y sostuvo que “la situación de los residentes es particularmente grave, ya que enfrentan una precarización laboral extrema, con salarios por debajo de la línea de pobreza y sin el reconocimiento de sus derechos laborales básicos. El ministro de salud Lugones eliminó el Examen Único de Residencias. Con esta medida, el Estado abandona su rol rector en la planificación y gestión del recurso humano en salud y entrega su regulación al mercado”.
De igual modo, la crisis en salud mental fue destacada como uno de los aspectos más críticos, debido a la reducción de presupuestos, el recorte de programas y la falta de provisión de medicamentos. En este sentido, repudiaron los despidos de trabajadores en el Hospital “Lic. Laura Bonaparte” y la eliminación de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISAM).
FESINTRAS reivindicó la histórica Marcha Federal de Salud del 17 de julio como muestra de unidad y fuerza de los trabajadores, y resaltó la importancia de los Foros por el Derecho a la Salud, que han logrado frenar proyectos privatizadores como el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) en Jujuy.
En un contexto de creciente conflictividad, la Federación anunció que continúa sumando organizaciones de todo el país para fortalecer un modelo sindical democrático y representativo, capaz de enfrentar los desafíos actuales. “La salud no se vende, se defiende. No daremos un paso atrás en la lucha por un sistema sanitario justo, digno y accesible para todos los argentinos”, concluyeron.
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