El juez había suspendido sorpresivamente la del 24 de noviembre y ahora determinó que realice a partir del 21 de este mes. Los abogados defensores lo consideraron un nuevo hostigamiento judicial.
Justamente con esa justificación, la dirigente indígena, líder de la Túpac Amaru, fue detenida el 16 de enero pasado y permanece en esa condición a pesar de los reclamos de organizaciones, partidos y dirigentes locales y también internacionales, como la propia Naciones Unidad y la Organización de Estados Americanos, por lo que el Estado Argentino fue denunciado por su accionar violatorio de los Derechos Humanos.
De todas maneras, el propio Juzgado Contravencional que ahora fijó nuevas fechas para las audiencias, suspendió el 23 de noviembre por la noche la que estaba prevista para el día siguiente sin brindar oficialmente a la defensa, los motivos que determinaron esa decisión. Claro que fuentes cercanas a la Justicia dejaron entrever que se trataba de buscar más pruebas.
Sin embargo, la defensa de Milagro Sala salió al cruce advirtiendo que no se necesitan pruebas con el argumento que no se niega la realización del acampe sino que lo que está en discusión en la criminalización de la protesta social. Paula Alvarez Carreras, una de las abogadas defensoras, señaló concretamente: Lo que pretende el gobierno es juzgar un hecho que claramente no es delito ni contravención, que se realizó entre diciembre y enero de 2016, y que tiene como único objetivo la persecución política. Además la presunta investigación está hecha con notas periodísticas, videos y fotos del acampe».
La letrada puntualizó también: «Nosotros en ningún momento negamos el acampe, eso no está en discusión. Por eso no tiene sentido que planteen que hay falta de pruebas cuando nadie niega ese hecho».
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