La fiscalía rechazó el pedido de Espert para llevar la causa a Comodoro Py

El Ministerio Público Fiscal (MPF) rechazó el primer planteo de la defensa de José Luis Espert para que la investigación por presunto lavado de activos que se abrió en San Isidro pase a los tribunales de Comodoro Py. Ahora, resta que el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene imputado desde 2021 al diputado en uso de licencia, defina si convalida o no esa postura.

Espert, diputado nacional y ex candidato a renovar la banca por La Libertad Avanza, quedó imputado hace poco más de una semana en la Justicia Federal con asiento en San Isidro. Fue a instancias del fiscal Fernando Domínguez en el marco del impulso a una denuncia que presentó el dirigente Juan Grabois luego de dar con una contabilidad paralela atribuida al empresario acusado de narco Federico Machado, donde constaba un pago de 200 mil dólares en favor del economista libertario.

Frente a ese panorama, la primera movida de la defensa de Espert, a cargo de los abogados Alejandro Freeland y Santiago Kent, fue presentar en Comodoro Py un pedido para que el juez federal Martínez de Giorgi pida la inhibición de su colega de San Isidro, Lino Mirabelli.

El pedido, en términos concretos, busca que la investigación por presunto lavado de activos en torno al pago de los 200 mil dólares pase a los tribunales de Retiro. Y que allí se investigue junto con un expediente que está abierto desde el 2021 por presuntas irregularidades en la declaración de aportes en especie a la campaña presidencial del 2019 encabezada por el actual diputado.

Frente a ese panorama, Tiempo supo que el juez Martínez de Giorgi le pidió opinión a la fiscal que entiende en esa causa, que es Alejandra Mángano. En las últimas horas, la representante del Ministerio Público se inclinó por el rechazo a la petición de la defensa de Espert, al considerar que se trata de un pedido “prematuro”, según indicaron fuentes judiciales.

Ahora resta que Martínez de Giorgi decida qué hará. La opinión de la fiscal no es vinculante, es decir, no necesariamente su temperamento debe ser acatado por el magistrado.

Secreto de sumario

Mientras tanto, en San Isidro, el fiscal Domínguez -que tiene delegada la investigación- trabaja con hermetismo con el juez Mirabelli. La semana pasada avanzó con allanamientos a la casa de Espert en Béccar y su despacho de la Cámara de Diputados. Por estos días buscan preservar prueba que podría ser clave, y por eso el expediente está en secreto de sumario.

El secreto de sumario dura 10 días que están por cumplirse. Frente a eso, fuentes ligadas al proceso de investigación señalaron que es muy probable que el juez disponga una nueva prórroga por otros 10 días para continuar con la recopilación de material que podría ser sensible para el objetivo de la investigación.

La mayor expectativa está puesta en los dispositivos electrónicos que se le secuestraron al diputado, cuyo capital político quedó prácticamente anulado. Si bien en la Justicia se niegan a brindar detalles, lo más probable es que se pida la realización de una copia forense, que trata básicamente de la realización de una copia de toda la información que contienen los teléfonos para evitar que se pierdan los datos.

Esa tarea la puede hacer la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), un organismo que depende del MPF, o una fuerza federal como la Policía de Seguridad Aeronáutica o la Gendarmería Nacional.

Frente a todo ese panorama, desde la defensa se limitan a comentar que “estamos trabajando mucho y confiados”.

Machado sigue a la espera

Mientras tanto, Machado, el empresario sindicado como autor del pago de 200 mil dólares a Espert, espera en un calabozo del penal de Viedma, en Río Negro, que las autoridades de Estados Unidos lo vengan a buscar para viajar a ese país y someterse a juicio.

Fuentes judiciales señalaron que todavía no hubo comunicación de las autoridades norteamericanas relativa a la fecha en la que se llevará a cabo el operativo de traslado.

Dicho operativo está a cargo del país requirente y debe hacerlo en un plazo de hasta 30 días corridos.