Elisa Carrió, Julio Cobos, Carolina Gaillard, Francisco Paoltroni, Agustín Rombolá son algunas de las primeras voces que se alzaron contra el decreto presidencial que nombrará a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla como ministros del máximo tribunal. El duro comunicado de los senadores de Unión por la Patria.
Incluso, ex integrantes de La Libertad Avanza, como el actual senador nacional Francisco Paoltroni, fustigaron la medida. “El nombramiento del juez Lijo por decreto representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente. Festejan los feudos y todos los que se quieren blindar judicialmente. Lamentable”, tuiteó en X, además de compartir un video.
Paoltrini venía cuestionando duramente el posible nombramiento de Lijo y ése fue uno de los motivos que le costó su expulsión de La Libertad Avanza.
La líder del ARI, Elisa Carrió, expresó: “Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror. En cuanto a Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional”.
El ex vicepresidente, ex gobernador y actual diputado, el radical Julio Cobos, manifestó: “Una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza de otro poder del Estado, requiere toda la legalidad y legitimidad para su composición. Si no se consigue los consensos suficientes, el Ejecutivo posee todas las herramientas en sus manos, tiene la posibilidad de retirar los pliegos y hacer una nueva propuesta, donde por cierto la postulación de una mujer sería muy bien recibida”.
“Advertimos en su momento al presidente Macri que no era el accionar correcto, lo volvemos hacer ahora al Presidente Milei y le pedimos que siga los canales constitucionales correspondientes, sin atajos ni recursos endebles”, solicitó el legislador.
Agustín Rombolá, uno de los referentes de la Juventud Radical, tuiteó: “García Mansilla debuta como Juez de la Corte Suprema con una mentira: ante la pregunta de Anabel Fernández Sagasti, dijo que jamás aceptaría ser nombrado por Decreto”.
Desde Unión por la Patria, la diputada nacional y abogada Carolina Gaillard evaluó: “Nombrar Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Decreto está mal. Está mal ahora que lo hace Javier Milei. Estuvo mal cuando lo hizo Mauricio Macri, porque viola el principio fundamental de la República como es la división de poderes”.
“Nombrar a los jueces de la CSJN es un procedimiento complejo que establece la CN que requiere la intervención del PEN, luego del Senado y de la sociedad civil en la audiencia del Decreto 222/2003 de Néstor Kirchner para lograr sean jueces idóneos prestigiosos”, recordó.
“Nombrar a los jueces unilateral/ viola la CN sino también subvierte el propio de división de poderes y atenta contra la Democracia toda vez que es nada más ni nada menos un presidente eligiendo jueces que quiere por decreto a sola firma para que le fallen a su favor sin control del Congreso”, acusó.
Por medio de un comunicado, el interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria expresó que rechaza “de forma categórica” las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la categoría “en comisión” y por decreto, “por tratarse de una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente”.
“De esta manera, una vez más, el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo”, plantearon. “Desde nuestra bancada, el pasado 26 de noviembre, ya habíamos anunciado nuestro compromiso de rechazar de plano el pliego de cualquier persona que acepte ser designado Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ y por vía de decreto del Ejecutivo, dado que de esa manera se incumplirían los mecanismos de designación para miembros del Máximo Tribunal que disponen las normativas establecidas”, advirtieron.
“Esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional y conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitución de la Nación Argentina. De esta manera, el presidente Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo, quiebra el orden constitucional y el Estado de Derecho”.
“Es evidente que el presidente Milei pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento”, concluyeron.
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