Genocidio en Ruanda: otra muestra de la complicidad de los grandes medios

Los periodistas que colaboran en maniobras de persecución política, desinformación, guerra psicológica utilizando  informaciones falsas como un arma de destrucción masiva:  ¿son periodistas o «fuerzas de tareas» de la nuevas formas de guerras que se aplican en el mundo?

Sobre este tema giró el recientemente rescatado  informe «Los medios y el genocidio» publicado por el Centro Internacional  de  Investigación y Desarrollo de Canadá en 2007 y editado por Allan Thompson, donde se cita a Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, denunciando que «los medios de comunicación fueron usados en Ruanda para diseminar odio, para deshumanizar a la gente, y más aún, para guiar a los genocidas hacia sus víctimas».

«Tres periodistas y propietarios de medios fueron encontrados culpables de genocidio y también de incitación al genocidio, conspiración y de cometer crímenes contra la humanidad por el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda. Debemos encontrar una vía para responder a tales abusos de poder…» recordó Annan en una conferencia  en la Escuela de Periodismo  y Comunicación de la Universidad Carleton de Ottawa.

Thompson dijo que «los medios del odio en Ruanda —a través de sus periodistas, locutores y ejecutivos— jugaron un rol instrumental en el establecimiento de las bases para el genocidio y luego participaron activamente en la campaña de exterminio».

En 1993, el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, había firmado la paz en Arusha, Tanzania, entre la población mayoritaria Hutu y la minoría Tutsi. El 6 de abril de 1994 fue víctima de un atentado contra el avión en que viajaba. El mismo día medios locales atribuyeron el crimen a los tutsis y en la noche comenzaron los asesinatos de miles de familias.

Se calculó alrededor de un millón de muertos y en el año 2003, «el veredicto en el Juicio a los Medios de los ejecutivos  de la estación RTLM y el periódico Kangura, del Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, confirmó sin ninguna duda el rol de los Medios privados de comunicación en los asesinatos (…) demonizando a los Tutsi y acusándolos de poseer inherentemente condiciones diabólicas, igualando grupos étnicos con ‘el enemigo’ y presentando a sus mujeres como ‘seductores agentes’ enemigos».

Thompson estimó que «gran parte de la matanza hubiera  podido evitarse de no haber sido por el papel jugado por los medios», y finalizó  su trabajo con un grito «de la humanidad», reclamando a los periodistas  que asuman sus responsabilidades.

Un antecedente regional

La llamada Operación Colombo, de 1975, fue un montaje  de contrainsurgencia mediática planeado  por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de la dictadura de Augusto Pinochet , con la ayuda de la CIA, los escuadrones de la muerte de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y otros grupos paramilitares,  junto a sectores de inteligencia y seguridad del gobierno argentino de entonces y de Brasil.

Pinochet buscaba engañar a Naciones Unidas, que le reclamaba por una lista de 119 personas desaparecidas. Así se pactó la aparición de cadáveres en distintos lugares de Argentina, a los que se colocó entre las ropas documentos falsos, que tenían el nombre de cinco de los chilenos que demandaba la ONU.

Sobre los cadáveres decapitados y quemados –que podrían ser víctimas de la Triple A– se extendieron pancartas que mencionaban una supuesta «venganza» del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, armaron noticias en medios de Argentina, Brasil y México,  que debían ser «tomadas» por medios chilenos -entre ellos el diario El Mercurio, La Segunda, Tercera Hora– sobre un enfrentamiento en la frontera argentino-chilena. Agregaban otros 69 muertos supuestamente en enfrentamientos con el ejército argentino que nunca sucedieron.

Esta información apareció en  el diario O’Día de Brasil, al que la CIA entregó una buena suma de dinero cuando estaba en quiebra. En Argentina,  José López Rega, ministro de Bienestar Social del último gobierno del general Juan Domingo Perón (1973-1974) y creador de la Triple A hizo publicar por una sola vez la revista Lea, donde en la portada se decía que los izquierdistas chilenos se estaban matando entre ellos.

La investigación realizada por los familiares de los 119 permitió enjuiciar a militares y agentes de la seguridad chilenos y al norteamericano Michael Townley, hombre de la CIA y la DINA, involucrado en crímenes de la Operación Cóndor, y también a medios y periodistas.

En 2012 el Tribunal Ético de Periodistas de Chile dijo que profesionales y medios no cumplieron con la obligación y el compromiso con la sociedad de trabajar con la verdad y fallaron en su deber ético esencial.

En tiempos en que la información se ha convertido en un arma de guerra y se hace «terrorismo mediático» violando  los principios éticos básicos, la esencia de la profesión e incluso los Derechos Humanos a nivel universal, es hora de accionar para que la libertad de empresas comprometidas con intereses brutales no se confundan nunca más con la libertad de expresión.  «