Diputados de distintos bloques pidieron que se reúna de forma urgente la comisión de Libertad de Expresión. Además, reclamaron una audiencia con el gobierno. La CGT remarcó que es "un ataque directo a la libertad de expresión".
Desde la central obrera expresaron un enérgico repudio al tiempo que remarcaron que “constituye un ataque directo a la libertad de expresión y socava el derecho de toda la sociedad a conocer y controlar los actos de gobierno”. Ocurrió horas después de que los propios acreditados denunciaran la medida como “discrecional” y “notificación previa”, por lo que pidieron “una pronta resolución”.
A la vez, diputados de distintos bloques pidieron reactivar de manera urgente la Comisión de Libertad de Expresión y convocaron a medios y periodistas afectados a concurrir al Congreso el próximo jueves a las 10 de la mañana. No es un día casual, sino que es el horario exacto en el que debería producirse la reunión del cuerpo legislativo presidido por Guillermo Montenegro.
“No hay otro antecedente similar en los últimos 50 años, ni siquiera durante la dictadura”, enfatiza el pedido dirigido al diputado del bloque libertario. En paralelo, distintos legisladores como Juan Marino, Frade, Esteban Paulón, Sabrina Selva, Nicolás Massot y Natalia de la Sota redactaron una carta en la que le piden una reunión a Javier Lanari, el secretario de Medios y Comunicación de la Nación. “El libre acceso de la prensa a las fuentes de información es un pilar innegociable de cualquier sistema democrático”, señala el texto.
Más temprano, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) también había repudiado el episodio y lo había enmarcado como “otro intento desesperado de silenciar a la prensa”. Además, el gremio advirtió que “la única política de comunicación del Gobierno es desprestigiar al periodismo con el fin último de debilitar la libertad de expresión, en medio de los casos de corrupción y el agravamiento de la crisis económica”.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió la decisión del gobierno. En el comunicado, también instó al “gobierno nacional a revisar de manera urgente esta decisión, restablecer el sistema de acreditaciones”.
La prohibición rige para todos los periodistas acreditados en Casa Rosada desde esta mañana. Si bien no hay una explicación pública ni oficial, algunas versiones extraoficiales señalan que se trata de una medida preventiva frente a un supuesto caso de espionaje legal y una investigación llevada adelante por el canal de cable Todo Noticias.
En los hechos, la sala de periodistas está cerrada por primera vez en la historia en un acto de censura sin precedentes. Alcanza, además, a más de 50 medios de todo el país, algunos de ellos con más de un acreditado en Casa de Gobierno.
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