Gorraleaks: demoraron al informático Javier Smaldone por la filtración de datos de la Policía

Ocurrió casi en simultaneo: cuando la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, consideró necesario que la justicia penal investigue las presuntas maniobras que envolvieron a la contratación de Smartmatic, la empresa de origen venezolano a cargo del escrutinio  provisorio, una comitiva de agentes demoró durante unas horas al especialista informático Javier Smaldone, quien desde hace un tiempo venía denunciando irregularidades en el sistema del voto electrónico y las falencias del gobierno en materia de seguridad informática. El motivo, cuanto menos, controvertido: retwittear información del caso conocido como “La Gorra Leaks”, una filtración de archivos secretos de la Policía Federal.

Aunque todavía no hay información oficial, según fuentes judiciales Smaldone es investigado por haber retransmitido la información filtrada. Por eso, además de detenerlo y luego liberarlo, se le secuestraron su teléfono y su computadora, entre otros elementos personales.

En la misma situación se encontraría el doctor en Ingeniería Informática, Alfredo Ortega, quien también había insistido en señalar “las debilidades y falencias del actual sistema de boleta electrónica, seguridad informática y hacking ético”.

Desde Fundación Vía Libre, una organización que defiende los derechos fundamentales del entorno digital, afirmaron que desconocen la situación procesal de Smaldone como así también su paradero exacto. También declararon su “solidaridad absoluta y todo nuestro apoyo”.

El hecho llama la atención, no solo por la arbitrariedad de la medida, sino también por coincidir con la decisión de Servini de aceptar la investigación de Smartmatic, luego de la denuncia presentada por el  entonces precandidato a jefe de Gobierno porteño por Dignidad Popular, Leonardo Martínez Herrero, que había apuntado que “el Ministerio del Interior giró 290 millones de pesos para que el Correo Argentino contrate un servicio general de digitalización de la totalidad de los telegramas de todas las mesas del país y dicha empresa terminó contratando a Smartmatic que no solo no puso una sola máquina (las PC las pagó el Ministerio del Interior, como vimos, y los scanner los pagó el Correo), y el servicio terminó resultando un fracaso absoluto”.

La causa se inició por una denuncia de la Policía en los tribunales federales de Comodoro Py y  recayó en el juzgado de Luis Rodríguez. Cuando ocurrió la filtración, el propio Smaldone se desmarcó de los hechos. “NO, no descargué ni vi absolutamente nada del material. No están los tiempos como para exponerse y dar excusas para que te pateen la puerta y te secuestren tus herramientas de trabajo”, escribió en su cuenta de twitter @mis2centavos.

Y había advertido a Bullrich que “intente ponerse a la altura de las circunstancias, y no aproveche esto (que es gravísimo) para uno de sus payasadas mediáticas filmando la detención de perejiles y escrachándolos en Twitter con foto y DNI”.