Según la denuncia, a fines de los noventa, el ex presidente otorgó la concesión del espacio radioeléctrico a la empresa francesa a cambio de una serie de coimas. Con Menem en la Cámara Alta, la causa no puede prescribir.
En marzo pasado y a pedido de uno de los principales imputados, el abogado Juan Carlos Cassagne –uno de los más reconocidos profesionales en materia de derecho administrativo, titular de un requerido e influyente estudio-, la Casación había advertido que la causa podría estar prescripta.
Casanello encontró, no obstante, un detalle que al máximo tribunal penal pareció habérsele pasado por alto: entre los imputados hay un funcionario público que sigue en su rol hasta la actualidad. Y no es un imputado cualquiera: se trata del ex presidente Carlos Menem. Mientras un funcionario permanezca en funciones los plazos de la prescripción se interrumpen. Es decir, la causa sigue.
El expediente quedó encaminado hacia el juicio oral ante el tribunal federal número tres. Ahora sí parece haber comenzado la cuenta regresiva para el juicio.
En los tramos finales de su gestión, el ex presidente Menem otorgó la concesión del espacio radioeléctrico a Thales. El ex fiscal Manuel Garrido denunció un supuesto pago de sobornos, un perjuicio para el Estado del orden de los 320 millones de pesos (equivalentes a dólares para el momento de la firma del contrato) y una rentabilidad asegurada para Thales superior al 150 por ciento.
Desde entonces la causa va y viene por los laberintos del poder judicial. De hecho, todavía una parte de la causa está recorriendo instancias de apelación.
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