La conocida disputa entre el juez Lijo y Mahiques tiene varias ramificaciones. Las cartas que guarda el ministro para presionar al juez. Milei no pudo hacer pie en el sistema judicial.
El enfrentamiento es conocido. Tanto Lijo como Juan Bautista Mahiques pretenden erigirse como titulares de la Procuración General, pero el problema es que hay sólo una silla y la carrera se muestra despiadada.
En ese panorama, Javier y Karina Milei sostienen sin titubeos al jefe de Gabinete a pesar de las permanentes dudas en torno a sus manejos inmobiliarios, los opulentos viajes al exterior y los consumos en dólar cash que no se corresponden con la formalidad salarial del funcionario.
Pero en los últimos días hubo un quiebre a partir de la declaración del contratista Matías Tabar frente al fiscal Gerardo Pollicita. Fue a partir de que el testigo dijo que Adorni le pagó 245 mil dólares por la remodelación completa de la casa ubicada en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.
Por un lado, esa testimonial activó a la siempre astuta Patricia Bullrich, que salió públicamente a exigirle a Adorni que apure su declaración jurada patrimonial. Por otro, un sector de la Casa Rosada deslizó en off the record sus quejas por la imposibilidad de Mahiques de contener las filtraciones judiciales. Esa posición de incomodidad en la que parece estar el ministro bien podría graficarse en la foto que dejó una actividad oficial del jueves en San Juan. En la fila de funcionarios y diputados libertarios, Mahiques aparece casi escondido detrás de Karina Milei y Martín Menem.
Esa incapacidad de frenar las noticias del caso Adorni mantiene al gobierno lejos de retomar el control de la discusión pública y la conversación en redes. Todo producto de un cortocircuito entre el ministro y el juez que anula la capacidad de fuego de la Casa Rosada frente a las pintorescas revelaciones sobre el ascenso social del jefe de Gabinete.
Mientras eso ocurre, Mahiques intenta desde su lugar potenciar un proceso de reconfiguración que empezó a darse hace algún tiempo en el edificio de Comodoro Py 2002. Quienes están al tanto de esas tensiones palaciegas señalan que el ministro de Justicia tiene en sus manos dos decisiones pisadas que tendrían como objetivo ejercer presión sobre el ex candidato del gobierno a la Corte.
La primera es el pliego que le permitiría al camarista federal Martín Irurzun seguir en su cargo más allá de julio próximo, mes en el que cumple los 75 años que operan como límite constitucional para ser juez. El magistrado quiere seguir cinco años más y la llave para eso la tiene el ministro que no mostró intenciones de accionar.
Un juez que conoce bien a los protagonistas de esta guerra política-judicial le dijo a Tiempo que “en julio, Ariel va a perder a su espada en la Cámara” y que la salida del camarista impactará en un linaje “histórico” que arranca en la Corte con Ricardo Lorenzetti, baja a la Cámara con Irurzun, sigue con Lijo y llega a Julián Ercolini.
La segunda es el pliego de Tomás Rodríguez Ponte, que supo ser secretario del juez de la causa Adorni y al que muchos le destacan su capacidad. Hace tiempo que quiere ser juez de Lomas de Zamora y hasta el momento Mahiques tampoco lo movió.
Por fuera de eso, en un despacho donde ven con más simpatía a Mahiques, dijeron a este medio que “como eje de poder, Lijo tiene más historia que presente”. Desde esa óptica, hace tiempo que el magistrado perdió influencia entre algunos de sus pares.
Para mencionar un ejemplo, señalaron que la jueza María Eugenia Capuchetti viene de pedir que Lijo se inhiba de seguir con la causa de los créditos VIP del Banco Nación a funcionarios libertarios, con la excusa de que ella tiene un expediente con un objeto más amplio. Él se negó y el conflicto llegó a la Cámara Federal, donde será dirimido en los próximos días por el juez Eduardo Farah. “Antes, ella se la hubiera mandado. Eso empezó a cambiar”, dijeron.
En otro despacho un poco más neutral no descartaron que existan tensiones con el juez, pero le quitaron mérito a la pérdida de influencia entre sus pares. Ahí, la lectura es que el aspirante a procurador mantiene buen vínculo con Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y María Servini, pero a su criterio esos y los restantes jueces y juezas de la primera instancia actúan como “islas” en las que ponderan sus movimientos propios antes que la embanderación detrás de una cruzada que les es ajena. “Cada uno está en lo suyo”, graficaron.
Así y todo, en ese punto en el que parecería que Mahiques tiene más margen de acción, el gobierno no logra tener resultados rápidos, acordes a las urgencias de un caso como el de Adorni, que hasta ahora fue más dañino políticamente que el de los retornos en Andis y el caso $Libra. Encima, los guiños que llegan desde otras instancias judiciales en forma de fallos a favor de la reforma laboral o el reciente rechazo al pedido de suspensión de la Ley de Glaciares están muy lejos de mover el amperímetro de correr el foco sobre el jefe de Gabinete.
Hoy, parte de las expectativas gubernamentales están puestas en que aparezca un gesto de Capuchetti, que quedó sorteada en la denuncia que radicó el Ministerio de Seguridad contra el diputado Rodolfo Tailhade por supuesto espionaje, después de las revelaciones que hizo sobre la custodia de Adorni. En tal caso, se verá si alcanza para aliviar el dolor de cabeza del gobierno o si será apenas un paliativo momentáneo frente al expediente que más inquieta a la gestión libertaria.
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