Es para contener a inversores extranjeros que tienen títulos en pesos. Quieren evitar que salgan del circuito local y provoquen estampidas cambiarias como la de 2018.

El comunicado oficial detalla que se realizarán tres licitaciones, los días 7 de agosto, 25 de septiembre y 27 de noviembre, por hasta 500 millones de dólares cada una (bajo ley local), en las que se podrán utilizar títulos en pesos como mecanismo de pago. El objetivo es despejar el horizonte “de tenedores externos de instrumentos en pesos, cuyas estrategias y mandatos de inversión no son compatibles con las características estructurales del mismo, lo cual puede generar condiciones de inestabilidad financiera y macroeconómica”.
La decisión se dio a conocer en vísperas de importantes vencimientos de bonos en pesos, de los que dio cuenta la web de Tiempo. La promesa de que esos papeles servirán para comprar otros en dólares a mediano plazo busca aplacar el riesgo de que la cancelación de esas obligaciones dispare una estampida en el mercado cambiario.
“Un desarme de dichas posiciones, como quedó evidenciado en el año 2018 con las Letras del Banco Central (Lebacs), genera una externalidad negativa sobre la curva de instrumentos en pesos al tiempo que incrementa la volatilidad cambiaria y financiera”, se sincera el comunicado del Palacio de Hacienda, en recuerdo de las altísimas tasas de interés que se debieron convalidar para desalentar, sin mucho éxito, la salida de esos capitales. “Solucionar este problema heredado, que implicó el colapso de un modelo económico y la presencia de actores en el mercado de deuda en pesos que han manifestado su intención de no permanecer en este segmento, requiere diseñar e implementar una solución definitiva e integral”, agrega.
Todavía no hay precisiones sobre la característica de los bonos que se ofrecerán. Sólo se sabe que serán similares a los que se utilizarán para el canje de deuda en dólares bajo ley local y que su duración será mucho mayor que la de los instrumentos en pesos, lo que implicará alargar su perfil.
Se trata del primer paso concreto en el diseño del sistema de financiamiento del gobierno una vez que finalice la reestructuración en marcha. Hasta ahora se había mencionado la idea de llegar a un nuevo acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional, que sirviera para postergar por tres años la devolución de los U$S 44 mil millones adeudados al organismo, y un proceso de ayuda a las provincias para que puedan refinanciar sus propios pasivos. También la decisión de acometer el capítulo de otros bonos en dólares que no ingresaron en el lote de los U$S 66 mil millones que están en plena negociación de canje con sus tenedores. Pero no se habían registrado progresos concretos en ese camino.
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