Herir de muerte al derecho; por Matías Cremonte

Esta semana se conoció el anteproyecto de reforma laboral que el gobierno planea enviar al Congreso para convertir en ley. Atrás quedaron los tiempos electorales y el temor a explicitar su programa en la materia.

El objetivo es claro: recuperar poder empresario, condicionando a los trabajadores.

El derecho del trabajo se sustenta sobre la base de la desigualdad real existente entre empresarios y trabajadores. El Estado interviene para equilibrar esa balanza: «Las desigualdades que creara esta ley en favor de una de las partes, sólo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación», reza el artículo 19 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El Poder Ejecutivo, a imagen y semejanza del brasileño, se propone desandar ese camino. Como afirmara Aristóteles, «tan injusto es tratar desigual a los iguales como igual a los desiguales».

Así eran las relaciones laborales antes del nacimiento del Derecho del Trabajo, por eso se le llama «neoliberalismo» a la política que pretende retornar a la época en la que el trabajo era considerado una mercancía más.

Limitando el principio de irrenunciabilidad –según el cual no se consideran válidas las renuncias del trabajador a los derechos que haya incorporado a su contrato de trabajo–, y eliminando la acción de restitución de las condiciones laborales que sean modificadas unilateralmente por el empleador, al asalariado sólo le queda la opción de someterse al arbitrio patronal, o considerarse despedido. La alternativa de perder el empleo es de por sí aterradora, pero además en ese caso se reducen las indemnizaciones por despido sin causa.

La avanzada empresaria que supone este proyecto –del cual lo aquí enunciado es sólo un botón de muestra–, persigue la desprotección total de los trabajadores y trabajadoras. 

Según lo establece nuestra Constitución Nacional, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Argentina se comprometió mediante la firma de los tratados internacionales que integran el denominado bloque de constitucionalidad, a garantizar la irregresividad en materia de derechos sociales. Este anterpoyecto de reforma laboral va incluso más allá, pretende herir de muerte el Derecho del Trabajo. «

*Abogado laboralista