Hijos de los represores al poder: los casos del flamante ministro de Defensa y del titular de Fabricaciones Militares

Dos acciones más que significativas comenzaron a ocurrir desde la hora cero en la gestión Milei – Villarruel, quizás las únicas dos en las que el modelo neoliberal libertario cumplió con lo pactado. Una de ellas es el incremento de “beneficios” a detenidos por delitos de lesa humanidad, algo que se entiende si tenemos en cuenta que la actual vicepresidenta es hija de Eduardo Marcelo Villarruel, un teniente del Ejército que actuó en el Operativo Independencia, la sala de ensayo de la última dictadura en Tucumán. Producto de su desempeño “en la lucha antisubversiva” el teniente Villarruel fue distinguido en 1976 con un diploma de honor firmado por el entonces jefe de la V Brigada de Infantería, Antonio Domingo Bussi, y sobrina de Ernesto Guillermo Villarruel, quien fuera detenido por orden del Juez Daniel Rafecas en el 2015 por crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como “El Vesubio”. En septiembre del 2025 la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que de los 539 genocidas condenados a prisión efectiva por delitos cometidos en el marco del Terrorismo de Estado, 454 gozan de prisión domiciliaria, es decir, más del  80%. Sólo 22 están en cárceles comunes y 63 con tratamiento “VIP” en Campo de Mayo.

Otro número que va en aumento es la cantidad familiares de exmilitares que integran el actual gobierno, tal es el caso del actual director de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, el contador Hugo Alejandro Pascarelli. Es hijo Hugo Ildelbrando Pascarelli, condenado en 2011 a prisión perpetua por sus crímenes también cometidos en el CCD El Vesubio. Entre los variados delitos cometidos por el progenitor de quien hoy administra la producción de municiones y armamento en la Argentina se encuentra la privación ilegítima de la libertad y los tormentos sufridos por Raymundo Gleyzer, reconocido director de cine y documentalista secuestrado el 27 de mayo de 1976 en la puerta del Sindicato Cinematográfico Argentino (SICA). En los últimos días y bajo una estrategia que parece responder a “dejémosle a los hijos de los represores todo lo relacionado a las Fuerzas Armadas”, el gobierno incorporó como ministro de Defensa a Carlos Alberto Presti, un militar de 59 años hijo también de un genocida.

Papá por siempre

Durante la última dictadura militar, Roque Presti estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7 en La Plata, a cargo de la represión del área 113 y tuvo bajo su mando el funcionamiento de los Centros Clandestinos La Cacha, Pozo de Arana, La Calesita,  la Comisaría 5ª, Comisaria 8ª y la Guardia de Infantería. Fue un importante engranaje dentro del plan sistemático de desaparición, tortura y muerte de aquellos años. Según el libro “El escuadrón perdido” del ex capitán del Ejecito Argentino José Luis D’Andrea Mohr, donde se relata lo ocurrido con los 129 soldados secuestrados y desaparecidos durante el gobierno militar, fue además responsable directo en la desaparición de varios conscriptos. Tal es el caso del Eduardo Navajas Jauregui, desaparecido un mes después de que secuestraran a su hermana y cuñado,  el 12 de julio de 1976 mientras cumplía su servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería Mecanizada 7. O Atilio Martínez Lagrava, cuya desaparición en junio de 1977 ocurre durante su servicio en el distrito militar La Plata, donde Presti revestía como Jefe de área de secuestro. La misma suerte corrieron los soldados David Alekosky, Carlos Weber, Pedro Mazzochi, Hugo Vodovossoff, Juan de Dios Vila, Helvio Mellino, Alejandro Garcia Mantegani, Héctor Irastroza o Rubén Oscar Scognamillo que formaba parte del batallón de Comunicaciones Comando 601 y fue visto por última vez en el clandestino de detención “La Cacha”, que funcionó entre 1976 y 1978 en La Plata y cuyo Jefe máximo era el coronel Roque Carlos Presti.

Poniendo orden

La Concentración Nacional Universitaria (CNU) fue una agrupación filo nazi y paramilitar que operó en varias ciudades de nuestro país. Llegó a ser la organización de derecha más activa en el mundo universitario. En Mar del Plata, entre otros crímenes, asesinaron a la estudiante de arquitectura Silvia Filler en 1971 y a la decana de la Facultad de Humanidades María del Carmen Maggi en 1975.

Promediando el 76, las Fuerzas Armadas ya no requerían de los “servicios” de la CNU, cuyo accionar insubordinado no cuadraba con los modos castrenses de los uniformados. Era hora de recuperar el poder del terrorismo en las calles y en La Plata fue Presti el encargado de darle la baja a la CNU. Mediante una “cama” ordenó a la Policía Bonaerense que les diera una zona liberada para que los de la “Concentración” pudieran secuestrar al militante peronista Juan Carlos Vaca Arias y luego, en pleno operativo, los emboscó y los metió tras las rejas. Con un sólo movimiento obtuvo “un guerrillero más” y desactivó a 12 hombres que hasta entonces formaban parte de un grupo de tareas bajo las órdenes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. La misión de Presti no era sólo la lucha contra la subversión sino también limpiar o borrar todo aquel rastro de vínculo con civiles que hasta entonces habían servido como previa para el “Golpe” haciendo el trabajo sucio.

Pacto de silencio

De los 44 casos imputados al padre del actual Ministro de Defensa, el ataque a la casa de Teruggi – Mariani es el más relevante. El 24 de noviembre de 1976, más de 100 personas, entre los que se encontraban los efectivos del Regimiento 7 de Infantería, destruyeron casi por completo la casa de la calle 30 N° 1134 entre 55 y 56 en La Plata. Ese día, además de asesinar a Diana Teruggi, que luego fue sepultada como NN, los militares secuestraron a su hija,  Clara Anahí Mariani-Teruggi, quien tenía 3 meses de edad por aquel entonces. Es muy probable que el coronel haya sabido el destino de Clara Anahí ya que coordinó y formó parte del operativo que duró más de tres horas. Posiblemente esa noche Roque Presti se sentó a la mesa frente a su hijo Carlos Alberto, le preguntó por su día y luego cenaron en silencio. El mismo silencio que guardó hasta 1993, cuando murió impune, sin responder por ninguno de sus delitos.

Desde Historias Desobedientes (Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia) repudiaron la designación de Presti frente al Ministerio de Defensa, al tiempo que lo calificaron como un “hijo obediente que nunca condenó los crímenes de su padre”. Por su parte Agustín Rossi, exministro de la cartera de Defensa, definió la decisión como un “retroceso enorme para la democracia argentina”.