La presentación se hizo ante la jueza María Romilda Servini, pidieron que ordene de forma urgente el resguardo de registros de cámaras de seguridad, modulaciones y geo-localizaciones, entre otras.
En este marco, también presentaron -este lunes- un habeas corpus colectivo y preventivo que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 7 para que se tomen medidas preventivas de cara a la manifestación de este miércoles. Lo hicieron para que la ciudadanía pueda ir a expresarse libremente sin sufrir violencia, provocaciones y represión estatal. «En paz y en democracia», apuntaron desde el organismo de DDHH. Y agregaron, «esperemos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias».
Horacio Pietragalla Corti, presidente de la Red Federal de Derechos Humanos y ex titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, explicó. «Lo hicimos para que la jueza lleve adelante todas las acciones que sean necesarias para preservar imágenes televisivas, de las cámaras que están en las calles y la geolocalización de los vehículos policiales. Entre otras cosas que resultan importantes para el esclarecimiento de la brutalidad policial». Todo ello, «con el fin de identificar a todos los miembros de las fuerzas de seguridad que participaron de la represión y a quienes llevaron adelante algún tipo de arbitrariedad, para que sean sancionados», remarcó.
El titular de la Red Federal agregó que el planteo fue realizado tras el terrible hecho de violencia institucional que sufrió Pablo Grillo: «Con el cartucho de gas lacrimógeno que le impactó en la cabeza, como así también por todas las personas que resultaron heridas, lastimadas y detenidas arbitrariamente», ahondó.
«Es por eso que requerimos -enfatizó el exsecretario de DDHH de la nación- la preservación de la prueba. Por lo cual, la jueza debe garantizar que todas los registros de la terrible represión a la marcha de los jubilados se resguarden», continuó.
Pietragalla agregó: «También presentamos un habeas corpus -este lunes- en el que pedimos se garantice la libre manifestación, porque es un derecho constitucional de nuestro país». El incidente fue presentado ante el Juzgado Criminal y Correccional N°7. Y apuntó: «De ningún modo, este derecho ciudadano puede ser intervenido por las fuerzas de seguridad, por la represión, golpes, ni con detenciones arbitrarias y todo lo que estamos viendo que sucede en forma indiscriminada».
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también denunció los graves delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, y solicitó que sean investigados todos uniformados que reprimieron a los jubilados y los hinchas.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron notificadas sobre la represión que fue ordenada por la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
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