Identifican a los policías que reprimieron a las Madres de Plaza de Mayo en diciembre de 2001

La Justicia pidió el procesamiento de cinco policías acusados de golpear a las  Madres de Plaza de Mayo que se había acercado hasta la Casa Rosada el mediodía del 20 de diciembre de 2001, cuando el país atravesaba  una crisis social, económica e institucional.

El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación, los acusó de «vejaciones» ante una «manifestación pacífica» y aseguró que aquel  ataque a las mujeres bien pudo haber sido la mecha que desencadenó el desastre del 20 de diciembre de 2001 y eso agrava más aún el accionar policial. 

La identificación de los sospechosos surgió luego de un análisis sobre fotos y filmaciones que llevó adelante la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración. El pedido de procesamiento ante el juez Claudio Bonadio alcanzó a  los integrantes de la Policía Federal Ernesto Sergio Weber, Fernando Héctor Villegas, José Luis González, Luis Oscar Rodríguez y Ramón Feliciano Vargas, que formaban parte del Cuerpo de la Montada. Cuando declararon en indagatoria, los policías hablaron de agresiones de los manifestantes, de la orden de desalojar la plaza y del descontrol en lo que se transformó el escenario en solo unos minutos.

Durante las jornadas de 19 y 20 de diciembre, cinco manifestantes fueron asesinados en la zona de Plaza de Mayo, y otros cientos resultaron heridos. En el país, los muertos pasaron las tres decenas. Fernando de la Rúa fue sobreseído. En 2016, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a cuatro años y nueve meses de prisión a Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad Interior del gobierno,  y a cuatro años a Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), por ordenar y dirigir la represión policial.

En esa ocasión, el tribunal también condenó a Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi por sus responsabilidades en el operativo y a otros cinco funcionarios policiales. También absolvió a otros seis policías y sobreseyó a otros dos. En ese juicio, por primera vez, el Poder Judicial consideró que los funcionarios políticos son penalmente responsables de las consecuencias que tiene la orden de reprimir una protesta social.