Imposible de negar: 40 años de la primera condena a los genocidas

Tras casi ocho meses de audiencias que tensionaron al máximo la recientemente recuperada democracia, el 9 de diciembre de 1985 la Cámara Federal de Apelaciones dictó la sentencia contra los comandantes. Algunos de los hombres que hasta hacía poco tiempo habían encabezado una dictadura genocida fueron condenados como responsables de violaciones a los Derechos Humanos por un tribunal civil y bajo la legislación local.

El juicio tuvo un gran apoyo, con los organismos de Derechos humanos a la cabeza, y un profundo impacto social: era la primera vez que una dictadura saliente de nuestro país era juzgada por sus crímenes. El objetivo buscado por Raúl Alfonsín era consolidar la naciente democracia sobre la base de la justicia e intentar romper “el ciclo histórico de la impunidad” para así prevenir la comisión de nuevas violaciones masivas de los Derechos Humanos.

Pero el proceso fue mucho más que eso. Por un lado, convalidó judicialmente los testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración de la dictadura y la existencia de miles de desaparecidos y desaparecidas, dos cosas que hasta ese momento los militares negaban. Por otro lado, la condena a los comandantes fue también la piedra basal de un proceso de juzgamiento que, con avances y retrocesos, continúa hoy, a pesar del negacionismo imperante desde el Estado.

“El Juicio a las Juntas es sin duda una bisagra de la transición democrática en Argentina pero también un hito a nivel internacional y regional. Es un punto de inflexión en términos de justicia, obviamente de la posibilidad de haber juzgado a los máximos responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura en Argentina, pero también es un hito en términos de el saber que construyó y permitió hacer público lo que había sido el terrorismo Estado en Argentina”, señaló en diálogo con Tiempo Verónica Torras (ver aparte), directora de Memoria Abierta.

El juicio

La llegada hasta el juicio no fue fácil. Si bien en ese momento había un rechazo general hacia los militares, buena parte de la sociedad todavía estaba de acuerdo con la “lucha antisubversiva” y recién comenzaba a surgir la mirada sobre lo que hasta ese momento algunos preferían caracterizar como posibles “excesos” en esa “guerra”.

A pesar de ese sentido común, Alfonsín llegó al gobierno con la promesa de enjuiciar a los militares (a partir de una propuesta de los juristas Carlos Nino y Jaime Malamud Goti), y entre sus primeras medidas de gobierno estuvieron el rechazo a la amnistía militar y el decreto para investigar a las tres primeras juntas militares, que fue acompañado por otro para investigar a la cúpulas guerrilleras, que buscaba hacer equilibrio entre los “dos demonios”.

Mientras los organismos de Derechos Humanos reclamaban juicio y castigo a todos los culpables, el gobierno pretendía enjuiciar sólo a los máximos responsables para lograr “un castigo ejemplificador que previniera la reiteración de hechos similares en el futuro”, según explicó el propio Alfonsín en el prólogo del libro de Nino Juicio al mal absoluto, y añadió: “Por supuesto hubiera sido deseable que la persecución fuera contra todos los que hubieran cometido delitos, pero hacerlo colocaba en serio riesgo el proceso mismo de la transición (…) Los tres alzamientos militares que se produjeron más tarde dan acabada muestra de lo delicado de la cuestión”.

En un principio, la investigación quedó a cargo de la Justicia militar pero cuando el Consejo Supremo de las FF.AA. dilató el proceso, la “Causa 13” pasó a la Cámara Federal, que el 22 de abril de 1985 dio comienzo al debate.

Durante las audiencias, se escucharon más de 800 testimonios, muchos de ellos sobrevivientes y familiares que tuvieron que hacerlo sin muchas garantías y bajo una fuerte presión militar, que aún los catalogaba como “subversivos” y con sus victimarios todavía en los cuarteles y comisarías.

El 11 de septiembre, el fiscal Julio Strassera, que había basado su acusación en la investigación realizada por la Conadep, comenzó con su alegato, que concluyó jornadas después con su histórico pedido de “Nunca más”.

La lectura

La tarde del 9 de diciembre, a sala llena, León Arslanian fue el encargado de leer una introducción y la parte dispositiva de la sentencia. Junto a él estaban sus pares de la Cámara Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio. Para ese día, el gobierno había levantado el estado de sitio que había declarado ante las amenazas de bombas y de que podía haber un intento de golpe.

La lectura, de casi 40 minutos, estuvo plagada de menciones a una guerra y una constante reafirmación de la teoría de los dos demonios y de los excesos. “Pese a contar los comandantes de las FFAA que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976 con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales”, señalaron entre sus argumentos.

Los camaristas fallaron de manera unánime para condenar a Jorge Rafael Videla y a Emilio Massera a reclusión perpetua, a Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión, a Roberto Eduardo Viola a diecisiete años, a Armando Lambruschini a ocho años; y para absolver a Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo.

El acto fue sólo interrumpido cuando Hebe de Bonafini fue echada del recinto por un pequeño gran gesto: en el momento de las absoluciones, se colocó en la cabeza el pañuelo blanco de las Madres, que era considerado por el tribunal como un símbolo político.

Innegable

“Hubo un tribunal que dijo que acá hubo un plan criminal implementado por las más altas autoridades militares, eso es importante porque ahora ya nadie puede decir que esto no existió”, dijo días después el fiscal Strassera al Diario del Juicio de Perfil al analizar el fallo, del que cuestionó sus bajas penas.

A pesar de dar por probado un plan criminal, el tribunal sostuvo que cada fuerza actuó por separado, lo que dejó penas muy dispares, y desestimó la sistematicidad de las apropiaciones y del robo de bienes. Por otro lado, en el punto 30 del fallo, la Cámara dispuso que se investigue “a los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de Defensa durante la lucha contra la subversión, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones”, abriendo la posibilidad de iniciar causas a los grupos de tareas de todo el país, lo que se alejaba de la estrategia de juzgamiento acotado que proponía Alfonsín.

Este punto fue destacado por el fundador del CELS, Emilio Mignone: “El fallo no me gustó pero el punto 30, sí”, dijo en ese momento al Diario del Juicio y cuestionó que por un lado tuvieran por probado el plan criminal y por otro ”que las personas que concibieron y ejecutaron un plan criminal son, en parte, absueltas o tienen sanciones mínimas o ridículas en comparación con esos hechos”.

A partir del debate, se iniciaron causas en todo el país para investigar el accionar represivo, lo que comenzó a inquietar a quienes habían participado en la represión ilegal. El gobierno intentó contener la situación con la ley de Punto Final, pero no alcanzó y en la Semana Santa de 1987, los levantamientos de militares que comenzaban a ser citados por la justicia impulsaron la sanción de la ley de Obediencia Debida. Los indultos durante el gobierno de Carlos Menem terminaron de garantizar la impunidad de los responsables durante casi 20 años.

“El juicio a las juntas militares que logramos llevar adelante en Argentina significó un punto de inflexión en una tradición de impunidad y olvido a lo que esta humanidad estaba acostumbrada tras las salidas siempre traumáticas de los genocidios, los crímenes de guerra y de agresión. Y a pesar del sabor a poco que dejó el fallo en sus alcances, sin duda alguna instaló en la conciencia universal la idea de que tras el horror había una chance real de perseguir justicia, investigar, juzgar y condenar a los responsables de tamaños crímenes”, dijo a Tiempo Eduardo Tavani, presidente de la APDH, sobre la trascendencia que logró el proceso, y agregó: “El mayor legado que dejó el juicio es en la conciencia colectiva universal, reforzando el peso simbólico y material de un Movimiento de Derechos Humanos que sostuvo sus banderas por memoria, verdad y justicia a pesar de todos los pesares, a lo que hay que sumarle el valor superlativo de los testimoniantes, verdaderos hacedores de esa épica, titulares de una legitimidad irreprochable, que ha hecho que ese juicio moral y éticamente aún perviva en nosotrxs”.