Inédito paro de jueces y fiscales contra el traspaso al ámbito de la ciudad

Los jueces y fiscales penales de la Justicia Nacional de la Capital Federal, empujados y fogoneados por secretarios y funcionarios de segunda línea, forzaron a la Asociación de Magistrados a una medida inédita en la historia del Poder Judicial: un paro de jueces.

La presidenta de la Asociación, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, explicó que “no se trata de un paro”. Pero la realidad indica que a las 12.30 de un día hábil judicial, es decir una hora antes de que cierre el horario de atención al público y, formalmente, de tramitación de causas, los jueces dejarán de trabajar para una reunión en la que la discusión se centra en un tema que los irrita: el traspaso a la órbita de la Capital Federal.

Los judiciales de Talcahuano y alrededores no quieren ser jueces de la Capital. Se sienten menos importantes con ese traslado y, además, temen perder parte de los privilegios de que gozan actualmente, entre ellos la exención al pago del Impuesto a las Ganancias.

Si bien eso no está previsto en el corto plazo, los jueces suponen que claudicar ahora abrirá las puertas para que en el futuro esa situación se instale con fuerza arrolladora.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) se anticipó y paralizó la actividad judicial en la jornada de hoy. La gremial de los judiciales denunció: “los trabajadores estamos siendo equiparados a bienes muebles y se nos quiere traspasar de la Justicia Nacional al ámbito de la justicia porteña, inconsulta e inconstitucionalmente”.

¿De qué se trata el traspaso? Los jueces nacionales de instrucción sólo actúan en la Capital Federal. Esto es así desde que se creó el Poder Judicial, pero de la misma manera que en la provincia de Buenos Aires, o de Tucumán, o de Chubut, hay jueces provinciales que se ocupan de casos provinciales, en la Capital hay jueces “nacionales” que se ocupan de casos exclusivamente del distrito porteño.

Siempre fue así, pero el gobierno de Cambiemos, por iniciativa del ministro Germán Garavano –quien proviene del Poder Judicial capitalino- decidió atacar por ese lado.

¿Para qué? Para lo mismo que intentan las reformas judiciales la mayoría de los gobiernos: saber que en los tribunales hay gente de confianza.

Los jueces y fiscales “nacionales” de la Capital Federal, que masivamente apoyaron, incluso de manera militante, la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación, se sienten traicionados.

La resistencia, enojo, furia y hasta odio con el actual gobierno ya es indisimulable.

Semanas atrás, un grupo de funcionarios con despachos en Talcahuano 550 se reunieron con la presidenta de la Asociación y el vice, el fiscal Ricardo Sáenz. Les advirtieron que si no encabezaban la resistencia contra el traspaso habría una desafiliación en masa de la organización que agrupa, corporativamente, a los jueces y fiscales.

Entonces la Asociación sacó un comunicado de rechazo al traspaso y convocó, bajo eufemismos, al primer paro de jueces en la historia argentina. Ayer, en declaraciones a Radio Del Plata, Díaz Cordero reconoció tácitamente la traición.

Cuando le preguntaron por qué no se había podido consensuar con el gobierno una decisión que evitara esta situación de tirantez extrema, sobre todo teniendo en cuenta cuánto influyeron los jueces para que Macri fuera presidente, la funcionaria respondió que se trató de una inconsulta decisión política.

En ese contexto, Díaz Cordero reconoció que la dirigencia de la Asociación tiene “buena relación con el gobierno” e incluso su anterior presidente, el camarista en lo Civil y Comercial Federal Ricardo Recondo “tenía una relación más cercana”.

Recondo es un furibundo antikirchnerista y encabezó la movida de repudio, rechazo y acorralamiento judicial al anterior gobierno, entre otros temas con la Ley de Medios Audiovisuales. “Estamos en contacto con ellos, pero en esto hubo voluntarismo y nos angustia mucho. Habiendo tantos problemas de la justicia para resolver se ocupan de molestarnos a nosotros”, reflexionó la presidenta de la Asociación.

El final de la historia es incierto. Sobre todo porque desde el gobierno insisten en que, si bien están dispuestos a conceder algunos beneficios a los jueces díscolos, el traspaso no tiene marcha atrás.