Una denuncia penal acusa al Gobierno Nacional de interferir en el INDEC para alterar el cálculo del costo de vida. La medida, según el reclamo, perjudica directamente los salarios de los trabajadores estatales.
La acción judicial sostiene que esta conducta constituye una violación a los principios de legalidad y autonomía estadística, comprometiendo la fe pública en los datos oficiales. Al afectar los índices utilizados para actualizar remuneraciones, la maniobra impacta directamente en los bolsillos de los trabajadores, cuyos salarios se ven erosionados por una medición que no reflejaría la realidad inflacionaria.
La causa judicial busca investigar delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Con esta presentación, se pone bajo la lupa el manejo oficial de las estadísticas claves para la economía, cuestionando la independencia del organismo y resaltando el perjuicio concreto sobre los ingresos de la ciudadanía. Por su parte, el gobierno Nacional dará a conocer este lunes los esperados datos de la inflación del primer mes de 2026.
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