Inmobiliaria Social: una propuesta para la crisis habitacional en la Ciudad

Endeudamiento, viviendas vacías, salarios estancados, paradores rebalsados y el peor escenario posible de todos: la situación de calle. La crisis habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el área metropolitana empuja a cada vez más argentinos al “desalojo económico” por no poder pagar el alquiler. Frente a este escenario desesperante, una ONG lanzó una “Inmobiliaria Social” que actúa como intermediaria entre propietarios con inmuebles ociosos e inquilinos con ingresos informales que no acceden a los requisitos habituales del mercado. “Hay lugar para generar una solución financieramente sostenible y socialmente justa”, asegura Bárbara Bonelli, directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Argentina y responsable de una propuesta ambiciosa. “Queremos ayudar a que el derecho a la vivienda digna sea respetado”.

La iniciativa nació de la experiencia que la organización desarrolla desde hace 15 años en La Boca, donde administra un proyecto de alquiler social destinado a familias con ingresos informales. Los resultados fueron inapelables: cuando las personas acceden a una vivienda y cuentan con previsibilidad sobre cuánto pagarán y cuánto tiempo podrán permanecer en ella, logran avanzar en los demás aspectos de su vida.

“Un hogar adecuado repercute en todos los ámbitos. Por ejemplo, un niño o niña que tiene un piso de cemento juega hasta dos horas diarias más por día que aquel que crece con un piso de tierra. A partir de nuestro proyecto de alquiler social en La Boca, una de cada tres personas comenzó proyectos educativos. Una vivienda segura es un prerrequisito para la salud, la educación, el trabajo, es decir, para el desarrollo integral de la persona”, explica Bonelli.

Según un estudio del Colegio Profesional Inmobiliario porteño del año 2023, el 81% de los propietarios y las propietarias en la Ciudad de Buenos Aires tiene más de 65 años. Una población económicamente no activa que igual debe lidiar con los costos que genera una vivienda desocupada. Tomando en cuenta datos de referencia del 2025, solo en expensas el promedio de gastos oscila entre los $ 250.000 y los $ 270.000 mensuales, sin contar tasas municipales, mantenimiento ni seguros. Del otro lado del mostrador los números tampoco son alentadores. La Encuesta Inquilina del año 2025 señaló que el 57% consultado destina más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler.

“En Argentina, una de cada dos personas trabaja en la informalidad. La falta de un recibo de sueldo les impide cumplir con los requisitos que hoy pide el mercado inmobiliario, a pesar de tener capacidad e historial de pago: afrontan el alquiler, la tarjeta, los servicios, etcétera. A esas personas queremos ofrecerles la estabilidad de un alquiler formal, con un contrato que les brinde previsibilidad y reglas claras”, destaca Bonelli.

La informalidad acota las posibilidades y obliga a recaer en hoteles, pensiones, inquilinatos o habitaciones compartidas. También supone relaciones contractuales, cuanto menos, frágiles en donde siempre pierde el inquilino. Los aumentos, por ejemplo, pueden ser arbitrarios y, llegado el caso, el riesgo de desalojo es permanente, sin un acuerdo legal que explicite derechos y obligaciones.

“Esta situación se agrava si pensamos en todas aquellas mujeres con hijos víctimas de violencia de género que deben escapar de sus casas”, reflexiona Bonelli, y agrega: “Una gran parte de las familias que pasaron por nuestro proyecto de La Boca son hogares monomarentales. Y muchas mujeres nos destacan eso mismo, las barreras que encuentran por el hecho de tener hijos, incluso en la informalidad”.

Paradoja

La crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires puede resumirse en una paradoja: miles de viviendas vacías inalcanzables para los muchos que quieren alquilar.

“La conclusión evidente es que las soluciones ofrecidas hasta hoy son insuficientes. La mitad de la población vive en una vivienda deficitaria, la mitad de los barrios populares fue creada en los últimos 25 años, la población que accede a una vivienda en propiedad viene disminuyendo sostenidamente”, enumera Bonelli, y enseguida aclara que todos esos indicadores negativos refuerzan la eficacia de su propuesta. “Si me baso en las conversaciones que venimos teniendo a partir de la Inmobiliaria Social puedo decir que tanto el Estado como el mercado ven este potencial. Es momento de pensar soluciones que nos involucren a los distintos actores y que se aproveche el conocimiento que tenemos las organizaciones sociales. La vivienda es una necesidad y también una aliada”.