Insólito: el FMI pide aliviar el impacto social del plan de ajuste

El Fondo Monetario Internacional reconoció que “la débil actividad económica y la alta inflación están teniendo impacto” en la economía argentina y advirtió que se “requerirá una mayor restricción en el gasto gubernamental” para cumplir con el objetivo de eliminar el déficit fiscal en 2019. También reclamó “que los programas de gasto social de alto impacto se conserven durante este año y más allá” para morigerar los efectos que el programa acordado con el gobierno está causando en la población.

Las declaraciones emitidas a través de la oficina de prensa del FMI pertenecen a Roberto Cardarelli, el jefe de la misión que visita Argentina cada tres meses para verificar el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales el organismo otorgó al país un crédito por U$S 57 mil milones. El economista italiano informó que se llegó a un acuerdo sobre la tercera revisión del programa y que cuando el Directorio Ejecutivo lo apruebe, lo que ocurriría a la brevedad, se girará una cuota de U$S 10.870 millones.

El comunicado tiene tintes insólitos porque el Fondo no reconoce ninguna responsabilidad en la situación. Fue el staff técnico del organismo, encabezado por el propio Cardarelli y con el aval de la directora Christine Lagarde, el que pactó con el gobierno la restricción presupuestaria para eliminar el déficit primario y le ató las manos para frenar la devaluación del peso, entre otras medidas que agudizaron la recesión y la crisis social. También insiste con reformas a largo plazo que incluyen, entre otras, la flexibilización de los convenios laborales y una nueva reforma que reduzca los haberes de los futuros jubilados. Como ajeno a la cuestión, el Fondo elogia “la firme determinación (de las autoridades argentinas) de abordar los desequilibrios macroeconómicos y promover su plan de estabilización”.

Sin embargo, en medio de esa lavada de manos a lo Poncio Pilatos, el texto lanza un par de advertencias que hasta ahora no estaban en la agenda entre las partes. Una es el reconocimiento de que, a pesar del superávit operativo (antes del pago de los intereses de la deuda) que consiguió Hacienda en el primer bimestre del año, “lograr un déficit primario cero en 2019 requerirá una mayor restricción en el gasto gubernamental”. Esto supone admitir que la recesión hundió la recaudación fiscal por debajo de lo necesario para equilibrar los números, tal como marcaron las proyecciones realizadas por entidades privadas de las que Tiempo dio cuenta en su edición impresa del 10 de este mes.

La otra novedad es la ampliación del margen de déficit autorizado por el FMI con la condición de que sea imputado a programas de asistencia social. Ese monto se ampliará en cerca de $ 18 mil millones y pasará a ser de hasta 0,3% del PBI. La justificación es la necesidad de “mitigar el impacto social de las políticas de estabilización”, de cuya gravedad en términos de aumento de la pobreza y el desempleo dará cuenta el Indec en sendos informes previstos para las próximas dos semanas. El gobierno ya había comprometido parte de ese permiso en el aumento de la Asignación Universal por Hijo. El adelanto de la suba de 46% en ese ítem para marzo (iba a ser escalonado durante el año) costó unos $ 15 mil millones. Con este guiño del Fondo, las autoridades podrán tomar alguna nueva medida similar para descomprimir la tensión social antes de las elecciones de octubre, en las que Cambiemos se juega la reelección.