A instancias del Grupo Clarín el gobierno amenaza con derogar el Estatuto del Periodista Profesional

En el marco de la ofensiva oficial contra la libertad de expresión y de prensa, el gobierno, lejos de retroceder pretende avanzar contra el Estatuto del Periodista Profesional que, junto con los convenios colectivos de trabajo de las distintas ramas de prensa, vela por las condiciones laborales y profesionales del oficio así como por el derecho a la información de la población.

Se trata de la ley 12.908, sancionada el 18 de diciembre de 1946 y que plasmó la norma dictada dos años antes por el entonces secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón. La norma establece las condiciones para el ejercicio de la profesión y, entre algunas obligaciones para las empresas, reconoce y protege la actividad. Se trata de una normativa que da cobertura a los trabajadores frente a la presión del Estado y las patronales de medios y vela, en la medida de lo posible, por el libre ejercicio de la profesión dando garantías para la libertad de expresión.

Allí, por ejemplo, se establecen garantías específicas para la estabilidad laboral al dificultar los despidos persecutorios. Así, por ejemplo, garantiza una indemnización especial de al menos seis meses de salario adicionales a los del resto de los trabajadores que, al encarecer la carga patronal, ofrece un reaseguro para el periodista a la hora de informar a la población apaciguando el condicionamiento de la línea editorial y los intereses políticos y económicos del medio para el que trabaja.

La propuesta surgió del Grupo Clarín y fue adoptada de inmediato por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien la presentó en la mesa del Consejo de Mayo, según reveló El Destape. Se conoció en momentos en los que el gobierno a través del Ministerio de Seguridad instó al juez federal en lo Civil y Comercial, Alejandro Maraniello a dictar una medida cautelar para impedir la difusión de los audios que involucran a la secretaria de la presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, en presuntos pedidos de coimas en la propia Casa Rosada.

La medida del juez resulta inconstitucional en tanto implica un intento de establecer censura previa y, a la vez, colisiona precisamente con las garantías para el oficio plasmadas en el Estatuto del Periodista Profesional. Los allanamientos pedidos por la cartera que dirige Patricia Bullrich, por otro lado, resultan violatorios del derecho de los trabajadores de prensa a la preservación de sus fuentes, otra garantía para el libre ejercicio de la profesión así como del derecho de la población a ser informada.

La asonada contra la normativa, de todas maneras, parece inviable en tanto, según explicó el abogado laboralista del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, León Piazek, “deberían votar una ley para derogar otra ley. Va a ser difícil, no tienen mayorías ni nada. Obviamente que las empresas están detrás de esto”.

Según consigna El Destape, el planteo de Sturzenegger recogió el respaldo del titular de la UIA pero el rechazo tajante del representante de la CGT, Gerardo Martínez. Tampoco, aseguran, cuenta con el aval del Secretario de Trabajo, Julio Cordero.

El secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Agustín Lecchi, señaló a este medio que «no nos sorprende nada de este gobierno. Demuestra por qué las empresas de medios no defienden la libertad de expresión frente a los ataques del gobierno ni cuestionan los avances sobre la libertad de expresión. Tienen conciencia del programa de gobierno y grandes coincidencias. Una es la reforma laboral y la avanzada sobre los derechos laborales en general y, en particular, sobre los de los periodistas«. El dirigente, además, señaló que «es un intento de avanzar sobre el sistema democrático. Es una ley nacional y cualquier modificación debe pasar por el Congreso”.

Por último adelantó que “vamos a defender el Estatuto con lo que sea necesario, tanto desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires como desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa”.