Es una iniciativa de la Federación Argentina de Municipios, presidida por Verónica Magario.
«Se trata de transparentar la gestión y administración de los gobiernos municipales, perseguir a quienes evaden y recaudar más fondos para que el Estado los pueda destinar a revertir los problemas que afectan a la población», aseguraron.
De esta manera, las empresas contratistas que quieran prestar servicios a los municipios adheridos a este convenio para ganar una licitación deberán cumplimentar una serie de requisitos de transparencia contenidos en él. «Queremos terminar con los paraísos fiscales», resumieron.
Al margen de la complejidad de enfrentar el problema, desde la FAM observan a ciudades como Barcelona, cuyo Ayuntamiento aprobó en mayo de 2016 un decreto con el cual se regula no contratar con empresas que desvían beneficios hacia paraísos fiscales para evadir impuestos. Además, en España distintas ONG han impulsado campañas para que otras ciudades se sumen con normativas similares.
Aprovechando el considerable número de intendentes de todas las provincias del país que logró reunirse, los jefes comunales acordaron designar un «responsable político» por provincia, que tendrá por tarea recolectar un «punteo de problemáticas» que padece cada municipio y servirá de base para un punteo final de problemáticas y un nuevo pronunciamiento de la Federación previsto para mayo. «
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