Intiman a Lugones por incumplir los derechos de los médicos residentes

Lejos y hace tiempo, menos de un año atrás, el primer gran conflicto que sacudió la gestión de Mario Lugones en el Ministerio de Salud fue el reclamo de médicas y médicos residentes. Impulsado desde el Hospital Garrahan, llevó a un paro por mejoras salariales, en una protesta que se extendió luego a otros profesionales de la salud. El titular de la cartera sanitaria respondió con una reforma que implicó convertir las residencias en becas, quitando derechos laborales con la promesa de mejores ingresos. Luego, la sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica dispuso un resguardo para ese sector clave del sistema sanitario. Sin embargo, a medio año de su sanción, los reclamos continúan.

Ante la falta de respuesta, ATE Capital envió una carta documento a Lugones, intimando al Ministerio de Salud por el incumplimiento de la Ley 27.796 y exigiendo la convocatoria a una audiencia “urgente” para definir cómo se orquestará el cumplimiento de la normativa.

“Habiendo transcurrido más de 6 meses desde la entrada en vigencia de la citada norma, resulta evidente el incumplimiento de obligaciones legales expresamente impuestas al Poder Ejecutivo Nacional”, señala la carta, firmada por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.

El texto también apunta a la preocupación por la falta de instrumentación de las mejoras salariales, la disminución de cupos para el ingreso a residencias nacionales en 2026 y la situación de “limbo administrativo” de las y los residentes de primer año (“sin claridad sobre el régimen jurídico aplicable, lo que afecta su seguridad jurídica y condiciones de formación y trabajo”).

Menos cupos, más vaciamiento

La Ley 27.796 fue sancionada por el Congreso en 2025 y promulgada en octubre de ese año. Entre sus objetivos principales figuran mejorar las condiciones laborales y salariales de residentes y personal de salud, fortalecer el sistema formativo y garantizar una atención pediátrica de calidad.

Pese a la sanción de la normativa, defendida en el Congreso del veto presidencial, el panorama entre residentes empeoró. El jueves 26 de marzo, por caso, residentes del Hospital Posadas realizaron un paro para exigir la implementación de la ley, “que implica la derogación del sistema que nos define como becarios y que además recompone nuestro salario en base a la inflación”. En ese marco, denunciaron: “Seguimos ganando sueldos de miseria y nos desconocen como trabajadores, cuando en realidad somos quienes sostenemos el funcionamiento del hospital diariamente”.

Luego, a principios de abril, la preocupación aumentó porque “no solo no respondieron a nuestro reclamo, sino algo mucho más grave ahora: nos redujeron en 40% el cupo de nuevos ingresantes”, según denunció uno de los residentes en diálogo con Tiempo.

“Eso va a sobrecargarnos más, en algunos servicios va a ser insostenible. En Clínica Médica estamos hablando de cerrar camas de internación”, alertó.

Algo similar fue denunciado desde la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) del Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, donde se informó que se abrirían solo nueve cupos para ingresantes de las disciplinas de Psiquiatría, Psicología y Enfermería como residencia lineal.

“Nuevamente se está atacando a la salud pública vaciando las residencias, reflejando el ensañamiento hacia nuestro hospital y la formación RISaM”, difundieron desde ese espacio. Fue pocos días antes que Lugones anunciara el impulso de un nuevo proyecto de Ley de Salud Mental, con eje en la manicomialización. El anuncio va en paralelo con el vaciamiento del hospital nacional especializado en la materia.