Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero: la agricultura subió su incidencia y ya genera tanto como el sector energético

Por: Gustavo Sarmiento

Será expuesto en la COP 28 que arranca esta semana. Según se desprende de los datos de 2023, el sector de "Agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra" ya ocupa el 45% del total de emisiones. Idéntico porcentaje que el de "Energía". Le sigue 5% de procesos industriales y uso de productos, y 5% de residuos. Las tareas de adaptación y mitigación, el factor del cambio climático y las propuestas para ir hacia un modelo más sustentable.

A horas del arranque de una nueva Conferencia de las Partes del Cambio Climático (COP) 28, que se desarrollará del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái, el gobierno saliente presentó el nuevo Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), donde se perciben dos datos principales: creció la cantidad de emisiones totales, y el sector que está creciendo en incidencia es el agrícola.

Según se desprende de los datos de 2023, el sector de «Agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra» ya ocupa el 45% del total de emisiones. Idéntico porcentaje que el de «Energía». Le sigue 5% de procesos industriales y uso de productos, y 5% de residuos.

En 2018 la proporción fue de 39% para agricultura, 51% energía, 4% de residuos y 6% de procesos industriales.

También hubo un aumento de la contaminación. Mientras en 2018 se emitieron 365,89 MtCO₂e, en 2023 llegan a 376. Dentro del ámbito agropecuario, la que bajó su incidencia respecto a la década del ’90 fue la ganadería, en cambio creció la agricultura. Lo que habla también de cómo está cambiando el sector productivo rural en estos años. Otro rubro que avanzó en su contaminación en comparación a hace tres décadas es el de transporte.

Inventario

Este inventario forma parte de los instrumentos incluidos en el Informe Bienal de Actualización que la Argentina reportó ante la Convención de las Naciones Unidas en la COP 28, que se desarrollará mientras en el país ocurra el cambio de gobierno, con una nueva administración que rechaza el cambio climático y la Agenda 2030, liderada por las principales potencias.

«El Inventario nos permite seguir llevando adelante una política climática más transparente y con mayor conocimiento sobre las emisiones en nuestros sistemas productivos y el potencial de mitigación de cada sector«, aseguró la secretaria de Cambio Climático de la Nación, Cecilia Nicolini, en medio de un contexto mundial de avance del cambio climático con fenómenos extremos que se repiten y una temperatura media global que ya está superando el objetivo máximo de +1,5°C y este siglo se proyecta llegar a 2,9° C.

En una entrevista con Tiempo un par de semanas atrás, la funcionaría afirmó: «Milei niega el cambio climático porque nunca gestionó nada. Cuando estás en el gobierno y una sequía te hace pelota la economía te pulveriza el 3% del Producto Bruto Interno como nos pasó, donde perdimos casi un cuarto de las exportaciones, sumado a inundaciones, incendios extremos, y una helada temprana que afectó economías regionales, no podés decir que no existe, tenés que ponerte a resolver los problemas».

«Hace muchos años que la ciencia nos alerta que la crisis climática existe y que los impactos van a ser cada vez más pronunciados –continuó–. Y eso se viene acelerando. Lo que antes podíamos ver como impacto en 10 o 15 años, ahora lo vemos en un mismo año. Este último año perdimos 21 mil millones de dólares por la sequía. Y las economías regionales, por su población e infraestructura, están mucho más expuestas a esta variabilidad climática. Entonces ahí uno tiene dos caminos: invertir en política climática, adaptándonos. O negar la realidad hasta que estalle. Y ya sabemos quiénes están porque la Argentina estalle».

La manera en que producimos

Nicolini remarcó que la cuestión climática es un debate profundamente económico: «por un lado porque tiene que ver con la transformación de la manera en que producimos y consumimos, para que pueda hacerse un desarrollo más sostenible. Pero por otro lado, porque es una cuestión decisiva para comercializar con el mundo, para recibir inversión y financiamiento no solamente de bancos multilaterales de crédito, sino también que las grandes corporaciones y capitales empiezan a poner cláusulas climáticas o ambientales para sus inversiones en cualquier sector. Hoy la cuestión climática es decisiva para comerciar con el mundo y atraer inversiones. La Unión Europea ya pone barreras arancelarias por cuestiones como la deforestación, tenés muchas empresas con las que estamos trabajando aquí en Argentina para que reconviertan sus procesos y puedan exportar, porque en muchos productos exigen que sean libres de deforestación».

«En 2022 la Argentina aprobó más de 2100 millones de dólares de financiamiento climático internacional, récord en nuestra historia. Mucho de ese financiamiento que viene del BID, tiene una cláusula que los proyectos productivos no tienen que colisionar con objetivos ambientales y climáticos, no pueden incentivar la deforestación, tienen que cumplir con la Ley de Bosques –completó–. Desde el Estado tenemos que acompañar con políticas clave en todos los sectores productivos para que no se les cierre las puertas al mundo. Y los grandes capitales no van a seguir apostando al financiamiento si gobierna un tipo que niega la crisis climática. El ejemplo clarísimo fue el de Bolsonaro al que le suspendieron el Fondo multimillonario de la Amazonía por tener una postura contraria a la política ambiental. Acá están en juego inversiones millonarias para la Argentina con una persona que niega la crisis climática».

Foto: Télam

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) indicaron que el tema central de este año de la COP será la aprobación y publicación del primer Balance Mundial, el termómetro de la ambición climática internacional. “Su publicación le permitirá al mundo conocer el estado de situación actual de cumplimiento de los compromisos tomados por los Estados Parte, entre ellos Argentina”, advirtió Victoria Rocío Laguzzi, miembro del área de Política Climática de FARN.

Otros temas de interés para la Argentina serán financiamiento climático y el acceso a medios de implementación (tanto transferencia de conocimiento como de tecnología); la Meta Global de Adaptación; transición justa; agricultura y seguridad alimentaria; y el seguimiento de la implementación del fondo de pérdidas y daños clave para los países en desarrollo.

Récords y financiamiento

Según el informe sobre la Brecha de Adaptación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), publicado en noviembre pasado, en 2023 se batieron récords de temperatura, mientras que tormentas, inundaciones, sequías y olas de calor causaron devastación. 

“Estos impactos crecientes señalan la necesidad de aumentar urgentemente los esfuerzos para proteger a las poblaciones vulnerables, junto con recortes rápidos de las emisiones de gases de efecto invernadero”, enfatizó Camila Mercure, miembro del área de Política Climática de FARN.

El informe señala que la falta de adaptación profundiza la crisis climática y tiene enormes implicaciones en pérdidas y daños, particularmente para los países más vulnerables. Los costos de la adaptación para los países en desarrollo oscilarán entre 215 mil millones de dólares y 387 mil millones de dólares por año durante esta década, y el financiamiento de adaptación necesario para implementar las prioridades nacionales de adaptación supera los 350 mil millones de dólares por año hasta 2030. Sin embargo, las partidas de financiación para la adaptación a los países en desarrollo por parte de las potencias disminuyeron un 15%: apenas 21 mil millones de dólares en 2021.

Las crisis climáticas, una constante en estos años.
Foto: Twitter

Propuestas

La FARN elaboró cinco propuestas para salir de la crisis actual:

  1. Impulsar una transición energética justa y popular: La transición energética que necesita la Argentina para hacer frente a la crisis climática no es solo un cambio en la matriz energética primaria que salga de la senda fósil de mayores emisiones. Es mucho más que eso: es un camino hacia un cambio del modelo productivo, de consumo de energía y de organización social, el cual deberá integrar la eficiencia energética, el acceso a la energía, la generación de nuevos empleos y la soberanía energética. A su vez, los proyectos deben contemplar la conservación de la biodiversidad y asegurar el respeto de los derechos humanos de las comunidades que habitan en los territorios afectados.
  2. Implementar una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático y descarbonización de largo plazo: En el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, Argentina asumió el compromiso internacional de elaborar y presentar Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). La última NDC presentada por Argentina tiene como meta no exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) para 2030.
    Para alcanzar esta meta, en 2022 Argentina elaboró y presentó ante Naciones Unidas su Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global a 2030, instrumentado a partir de la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (Ley Nº 27.520). En 2023, Argentina presentó su Estrategia a Largo Plazo, asumiendo el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050. Sin embargo, esta estrategia está lejos de ser una hoja de ruta con medidas a corto, mediano y largo plazo, ejes, indicadores y mecanismos de participación y financiamiento que permitan lograr dicho objetivo. Para eso, es necesario desarrollar e implementar planes que aborden los sectores que más han contribuido a la emisión de GEI.
  3. Frenar los desmontes y financiar la Ley de Bosques: La situación de los bosques nativos en Argentina sería muy diferente al actual si el país no contara con la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la conservación, uso sostenible y restauración de estos ecosistemas. La puesta en marcha de la ley fue un camino progresivo, cuyo hito fundacional comenzó con su sanción en el 2007, un logro trascendental en la participación de la sociedad civil en el reclamo efectivo de una norma de protección ambiental. Sin embargo, a más de quince años de su entrada en vigencia, Argentina permanece en emergencia forestal.
  4. Proteger los Humedales: Conciliar el cuidado de los humedales con su uso es posible y necesario. Para lograrlo, es fundamental contar con una ley nacional que establezca presupuestos mínimos para la conservación y uso sostenible de estos ecosistemas, la cual sea fruto de una amplia y efectiva participación, integrando la visión desde los territorios, de las personas que habitan, trabajan y conocen los humedales. Es imprescindible contar con una norma que regule, ordene y establezca parámetros para las actividades humanas que hoy se desarrollan, sin mayores controles y con patentes resultados nocivos, sobre los humedales.
    Estos ecosistemas son grandes reservorios de agua dulce y tienen un enorme valor biológico, social, cultural y económico. Existe información científica clara y contundente que advierte de la crisis de pérdida de biodiversidad y climática rampante que hace que no sea posible continuar con formas de producción del pasado. Uno de los ecosistemas más afectados son los humedales. Datos de la Convención Ramsar sobre Humedales indican que están sufriendo un rápido declive: de acuerdo a los casos en los que se dispone de datos, se perdieron el 35% de los humedales naturales desde 1970.
  5. Sostener e impulsar el saneamiento del Riachuelo: En julio de 2023 se cumplieron 15 años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el emblemático fallo “Mendoza” que ordena el saneamiento del Riachuelo, donde habitan más de 4 millones y medio de personas (10% de la población del país), muchas de las cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad, constituyendo uno de los casos más graves y complejos en materia socio ambiental en la Argentina.
    El fallo dispuesto por la Corte cuenta con un muy bajo nivel de cumplimiento. Los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población y recomponer los daños ambientales existentes en la Cuenca, que debía llevar adelante la Autoridad de la Cuenca Matanza – Riachuelo (ACUMAR), no se cumplieron. La pobre gestión de ACUMAR explica, en gran parte, el bajo grado de implementación de las obligaciones impuestas en el fallo.

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