Se trata del presidente de la droguería Suizo Argentina, que quedó en el centro de la polémica por el supuesto pago de retornos a funcionarios del gobierno.
El empresario fue puesto a derecho por su abogado Martín Magram, quien también representa a su hermano, Emmanuel -sorprendido con unos 266 mil dólares distribuidos en sobres mientras escapaba en su auto-; y su padre, el octogenario Eduardo, quien se habría descompensado luego de que trascendiera la maniobra con la filtración de los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
El jueves, el fiscal federal Franco Picardi le solicitó al juez Sebastián Casanello una serie de medidas para desentrañar el posible pago de retornos a través de la Suizo Argentina, que tendría como fin el enriquecimiento de Karina Milei y de su entorno.
En ese marco, fueron allanados varios domicilios como el de Jonathan en el country de Nordelta. Los investigadores creen que el presidente de la droguería logró eludir a la Policía de la Ciudad gracias a la seguridad del barrio cerrado. Por eso, este lunes el jefe de seguridad del lugar, Ariel De Vicentis, fue indagado por Casanello.
Entre otras medidas, el magistrado también ordenó a pedido del fiscal Picardi, el bloqueo de las cajas de seguridad de Spagnuolo y Daniel Garbellini -otro funcionario de la ANDIS bajo la lupa-, y de los Kovalivker. El juez buscaría que no se pierdan posibles pruebas del caso.
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