El presidente de la Bolsa de Cereales es el portavoz del Consejo Agroindustrial Argentino, una nueva entidad que nuclea a sectores agropecuarios e industriales y que, por esa conjunción, tiene un fuerte poder de lobby.
–Cuando irrumpió la pandemia la dirigencia ruralista estaba en pie de guerra por las retenciones. ¿Qué implica esa identidad del CAA en la relación con la política?
–Implica que somos horizontales. En el CAA no hay un poder interno, no nos ocupamos de temas gremiales. Somos respetuosos de la Mesa de Enlace, que defiende a un sector de la agroindustria, pero no competimos con ellos. Somos más abarcativos y lo que buscamos es un consenso mínimo de leyes. Puede haber conflicto porque esto es un negocio, pero lo queremos evitar.
–Los adherentes son muchos pero faltan entidades de la Mesa de Enlace. ¿Cómo afectan esas ausencias la representatividad de lo que se pueda negociar?
–Los que no se sumaron tendrán sus motivos. Nosotros queremos consensuar con el sector público. Para eso venimos construyendo el proyecto al que se fueron sumando entidades. No somos restrictivos pero ponemos como condición terminante que tienen que estar perfectamente alineados. Queremos salir del modelo tradicional de la economía agroexportadora y ponernos a pensar qué cosas pueden generar divisas y empleo.
–¿En qué consisten la Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora y el proyecto de ley de desarrollo agroindustrial exportador?
–Este es un momento crítico de la economía y las finanzas, pero hay una oportunidad. Somos muy optimistas con respecto a un posible acuerdo por la deuda y de la potencialidad de nuestro sector que, por ser esencial, no se detuvo durante la pandemia. Esta inercia nos va a venir muy bien para vender más al exterior. Podríamos generar $ 100 mil millones de exportaciones y hasta 700 mil puestos de trabajo entre directos e indirectos.
–¿Qué piden las empresas a cambio?
–No pedimos subsidios al Estado. Esperamos efectos fiscales neutros. Necesitamos una ley nacional con un marco de previsibilidad de diez años para atraer inversiones locales y externas. El dinero no sale de los bancos, entonces, hay que generar un marco para que haya inversiones. Una ley nacional que abarque tres períodos de gobierno.
–¿Es una forma de replantear la agenda de reformas estructurales que tenían las empresas antes de la pandemia?
–No sé si hay puntos de acercamiento. Lo que vemos es que es una propuesta muy bien recibida por la Uatre, los ministros y los gobernadores también. Jorge Capitanich (gobernador del Chaco) armó un consejo agroindustrial provincial rápidamente. Lo mismo Omar Perotti (Santa Fe) y (el gobernador de Córdoba, Juan) Schiaretti. El presidente nos dice que hay que hablar de Vaca Muerta pero también de la Vaca Viva. Es esto. Nos abstraemos de la política. Queremos una ley. Ya estuvimos con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) y nos vamos a reunir con Cristina Fernández (ver aparte).
–¿Qué concepción tienen del Estado?
–Nosotros no hablamos del tamaño del Estado. Es necesario que haya partidas adicionales para darles en lo institucional apoyo y control al Senasa, a la Agencia de Promoción de Inversiones. El Estado tiene que estar presente y evitar desvíos.
–¿Son partidarios de un tipo de cambio libre?
–Tampoco queremos hablar de eso. Estamos pensando en una ley, no en algo coyuntural. Esas son cosas de las cámaras. El tipo de cambio va a estar después en el debate de los técnicos cuando exista la Mesa Nacional Exportadora.
–Los precios de los alimentos subieron en la cuarentena pero las empresas se desentendieron. ¿No hay responsabilidad privada?
–A ese tema tampoco nos vamos a referir. Ahora queremos procurar los marcos necesarios para las inversiones. Después se hablará de la mesa de los argentinos y de los precios internos.
–Lo que pasó con Vicentin dejó al gobierno en un lugar incómodo en su relación con las empresas, ¿cómo se ve ese vínculo desde este nuevo armado agroindustrial?
–En su momento, si bien no parecía atinado que el Estado interviniese, las bolsas opinaron que lo de Vicentin debía resolverse con la ley. Hoy vemos en el presidente un fuerte reconocimiento a la agroindustria como motor de desarrollo. Está muy cerca y eso nos impulsa a trabajar en conjunto.
Reunión con Cristina
En el diálogo con Tiempo, el vocero del CCA, José Miguens, remarcó su respeto por la Mesa de Enlace pero se aseguró también de tomar distancia del perfil que mantiene esa agrupación en relación al gobierno, especialmente con respecto a la facción kirchnerista.
De hecho, el posicionamiento verbal del titular de la Bolsa de Cereales porteña se completó con la señal concreta a la exmandataria, a quien el jueves le presentó el proyecto del nuevo armado del agro, en reconocimiento de su entidad como presidenta del Senado. «De ninguna manera es una figura conflictiva. Queremos consenso y para eso vamos a hablar con todos los sectores», remarcó en la entrevista.
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