Juicio a los golpistas, en Bolivia tambien Nunca Más

El Parlamento del Mercosur aprobó, casi por unanimidad, el 11 de noviembre de 2019, una declaración de rechazo al golpe de estado en Bolivia. En aquella oportunidad, fue uno de los primeros organismos en pronunciarse en contra del golpe cívico-militar así como de la violencia política extrema que se estaba instrumentando y llamaba a la comunidad internacional a proteger la vida del presidente Evo Morales y de sus funcionarios. Al mismo tiempo, exigía la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, Bolivia y Chile.

¿Cuáles fueron los motivos para determinar que hubo un Golpe de Estado ?

La puesta en duda del resultado de las elecciones por parte de la OEA, sin ningún tipo de fundamento, generó graves hechos de violencia que pusieron en peligro miles de vidas al convocar abiertamente a la insubordinación para deponer por la fuerza al Presidente. Esto se vio claramente en los días posteriores a la elección, del 20 de octubre de 2019.

Fue evidente la participación de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas en esos hechos, desconociendo sus funciones y su apego a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia e interviniendo, desembozadamente, en la vida política del país. Esto se vio reflejado en los días previos a la consumación del golpe con los levantamientos en diferentes regiones del país, apoyados por los líderes de la oposición y permitidos por las fuerzas policiales.

Al apoyar el golpe de Estado, el Alto Mando de las FFAA violó el artículo 244 de la Constitución Política del Estado (CPE): “asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido». De la misma manera, al amotinarse, brindar protección a grupos paramilitares y ejecutar la persecución política instaurada por el Gobierno de facto, la cúpula de la Policía violó el artículo 251 de la CPE que establece: «Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria»

El exilio de Evo Morales y de Álvaro García Linera y varios de sus ministros así como la solicitud de asilo en varias embajadas de países latinoamericanos de las principales figuras del gobierno legítimo muestran a las claras la existencia de un golpe de Estado, tal cual hemos padecido en nuestro continente a lo largo de la historia. La salida del presidente Evo Morales fue posible gracias a la intervención de mandatarios y dirigentes de otros países para garantizar su vida. Nos hizo recordar a numerosos exilios que vivieron compañeros y compañeras en nuestra lucha por la democracia.

La sucesión presidencial no se produjo según lo establecido por la Constitución Política del Estado (CPE). La autoproclamación de Añez se realizó en medio de una evidente falta de quorum de la Asamblea Legislativa, incumpliendo todos los reglamentos parlamentarios y violando el Art 169 de la CPE. Al mismo tiempo, fue investida por representantes de las FFAA y escoltada incluso dentro del Palacio Legislativo por fuerzas militares y policiales.

La violenta persecución política a los miembros y dirigentes del gobierno de Evo Morales incluyó secuestros, toma y quema de viviendas, escarnio en la vía pública sin ningún tipo de intervención policial para impedir dichos actos es otra clara manifestación del estado de excepción que vivió Bolivia en esos primeros días para consolidar el golpe de estado.

Las masacres de Senkata y Sacaba reflejaron claramente la voluntad de imponer por la fuerza al gobierno ilegítimo de Jeanine Añez. En dichas masacres, se produjeron sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la utilización desmedida de la fuerza policial y militar para reprimir a la población civil que se estaba manifestando pacíficamente. Estos hechos fueron denunciados y constatados por los principales organismos de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) y la Defensoría del Pueblo, entre otros. En muchos casos, no se garantizó la atención hospitalaria y muchos manifestantes fueron detenidos sin justificación.

Ahora Jeanine Añez , sus ministros y los militares golpistas tendrán que dar cuenta ante la justicia y el pueblo boliviano. También en Bolivia Nunca Mas .