A casi nueve años de la mayor tragedia naval contemporánea, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz cerró el juicio por la implosión del submarino, con penas mínimas que blindan a la cúpula militar y dejan un profundo sabor a desamparo en los familiares de los 44 tripulantes.
El veredicto cayó como un baldazo de agua helada sobre las querellas de los familiares, quienes durante todo el proceso sostuvieron que la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017 «era previsible» debido al calamitoso estado operativo de la nave. Para los jueces, sin embargo, las deficiencias en la planificación, la falta de mantenimiento y el desprecio por la seguridad de la tripulación que costaron 44 vidas no alcanzaron para configurar un delito doloso o mayor. El tribunal eligió el camino cómodo de cortar el hilo por lo más delgado, castigando con una pena menor a un solo uniformado y resguardando el honor y la libertad del resto de la jerarquía naval.
A pesar del sabor amargo por el blindaje a la cúpula militar, las abogadas de los familiares, Valeria Carreras y Lorena Arias, destacaron el precedente histórico del fallo. En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, señalaron que es «la primera vez en la historia argentina» que un jefe naval es condenado penalmente «por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz», dinamitando la clásica coartada castrense que pretendía reducir el horror a una simple fatalidad climática. «Durante casi nueve años la explicación oficial fue que el mar es riesgoso; hoy la Justicia demostró que fueron decisiones y omisiones humanas», afirmaron.
La reconstrucción técnica de la tragedia, ventilada en el juicio, volvió a exponer la desidia estatal. Aquel fatídico noviembre, el ARA San Juan reportó un letal ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación que decantó en el tanque de baterías, desatando un cortocircuito y un principio de incendio. Horas después de la última comunicación, el colapso por la presión del agua al descender sin control provocó una implosión fulminante. El misterio y el ocultamiento oficial duraron un año, hasta que el 17 de noviembre de 2018 la empresa Ocean Infinity localizó los restos de la nave a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur.
La batalla judicial no concluye en los estrados de Río Gallegos. Las defensas de las familias ya adelantaron que apelarán ante la Cámara de Casación una vez que se den a conocer los fundamentos de la sentencia, fijados para el próximo 21 de agosto de 2026. La militancia de los familiares, sostenida a pulmón contra los recursos infinitos de una fuerza armada poderosa y el desinterés de los sucesivos padrinos políticos, se prepara para el próximo round. Saben que lograron romper el pacto de silencio de la corporación y que, aunque el fallo de hoy tenga gusto a poco, la pelea contra el olvido ya es una victoria irreversible.
Con información de NA
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