En cumplimiento de una demanda impulsada por el colectivo SonSinCuenta, un juez federal pidió a organismos oficiales la construcción de un “acervo informativo” para que el Estado diga qué pasó con las víctimas de la represión ilegal.
En cumplimiento de una resolución de la Cámara Federal, que determinó que el Estado tiene la obligación de dar información fehaciente sobre el destino de las personas secuestradas por la represión ilegal y cuyo destino aún se desconoce, el magistrado dispuso que las autoridades construyan “un acervo informativo” para dar respuestas al reclamo de los accionantes”.
En ese sentido, Ramos, titular del Juzgado Federal N°2, requirió a las Cámaras Federales del país; a los juzgados del fuero; a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad; a la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, y a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, que informen sobre “las identidades de las víctimas” del terrorismo de Estado.
En un fallo difundido este martes, y al cual tuvo acceso Tiempo Argentino,el juez pide a estos organismos que informen sobre las acciones que se están llevando a cabo, resultados a la fecha de las actuaciones iniciadas vinculadas con la desaparición de personas en el período 1976 – 1983.
Además, se le exige a la subsecretaría de Derechos Humanos que dé información sobre “las investigaciones realizadas en el marco de la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas”.
Ramos también le pide a la dependencia oficial que aporte un listado de personas que hayan realizado denuncias sobre personas desaparecidas, con antelación a la sanción de la ley 24.321, que establece los procedimientos que el Estado debe seguir sobre las desapariciones forzadas.
Asimismo, el magistrado le pide al Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) que consigne “información sobre los casos judicializados, si han sido identificados y si se conoce el destino final de las víctimas”, según indicaron fuentes allegadas a la causa.
Entre las medidas que se solicitan, Ramos le requiere al Archivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que brinde datos sobre los hábeas corpus presentados durante la última dictadura cívico militar.
En tanto, el Poder Ejecutivo Nacional debe consignar “información exhaustiva relativa a las respuestas a las que se arribó en todos los casos denunciados de desapariciones forzadas, privación ilegítima de la libertad, torturas, entre otros crímenes de lesa humanidad”.
“Debiendo indicar lo sucedido con los casos en los que no existe información alguna y las tareas emprendidas para dar respuesta”, se remarcó en la decisión.
“Consideramos que estas medidas implicarían un movimiento inédito hasta el momento en pos de unificar la búsqueda de todas las víctimas del terrorismo de Estado. Desde el inicio de esta acción sostuvimos que nuestra pregunta es una sola: ¿dónde están?”, se señaló desde SonSincuenta a través de un comunicado.
El pasado 24 de marzo, a las 3:10 –la hora en la que se inició hace 50 años la asonada castrense que derrocó al gobierno de Isabel Perón-, los miembros de este colectivo presentaron en el Palacio de Tribunales, ubicado en la calle Talcahuano y Lavalle, un pedido de habeas corpus colectivo para que el Estado dé a conocer información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.
Los impulsores de este requerimiento eligieron denominarse como SonSinCuenta, en respuesta a quienes ponen en duda la cifra de los 30 mil desaparecidos. El número no puede precisarse porque el Estado no dio respuestas sobre lo que pasó con las víctimas, sostienen los promotores de esta campaña.
La demanda tenía un antecedente. En el mismo aniversario, pero en 1996, la regional Capital Federal de la agrupación H.I.J.O.S presentó un recurso similar. Pero en aquellos tiempos estaban vigentes las leyes de impunidad y los indultos presidenciales de Carlos Menem y el reclamo no obtuvo respuesta alguna.
Como primera medida, Ramos propuso tomar entre la letra A y la B del listado de más de 150 demandantes de SonSinCuenta y empezar a dar respuestas de forma individual, algo que la agrupación rechazó.
A principios de este mes, la Sala II de la Cámara Federal aceptó las demandas del colectivo y, en un fallo dividido que se conoció a principios de este mes, resolvió que el habeas corpus de este colectivo tiene “un carácter colectivo que no puede limitarse a una demanda individual, impulsada por un conjunto de familiares”.
En ese fallo, el Tribunal le ordena a Ramos que amplié la indagación con requerimientos a los organismos judiciales y gubernamentales del Estado para que se obtenga información sobre el destino final de todas las víctimas de la represión ilegal.
En cumplimiento de esa sentencia de la Cámara Federal, el magistrado actuó en consecuencia y solicitó esta serie de medidas para que el Estado cumpla con su obligación de informar la verdad sobre los detenidos-desaparecidos
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