Justicia ilegítima, por Juan Alonso

Esta columna está escrita desde las tripas. Usted sabe que hace seis años el país era muy otro. Hoy la persecución y la ignominia avanzan como la lógica perversa de un grupo de inquisidores que nos quieren afuera del periodismo y de la vida. Pero no pueden. No pueden porque nosotros creemos, nosotros creemos en lo hemos hecho y en esto que hacemos. Y vamos a seguir revelando la injusticia por más que nos espíen y nos llamen a la madrugada los apadrinados de los servicios de siempre. Nuestro mejor fusil es la palabra.

Hace 40 años se produjo la apropiación de Papel Prensa a favor de los socios de Videla: Clarín, La Nación y La Razón; antes oficialistas del terror, ahora oficialistas de Macri. Junto a Cynthia Ottaviano publicamos hace seis (6) años en Tiempo Argentino una investigación que mereció el reconocimiento de la Universidad Abierta Interamericana y la Facultad de Periodismo de La Plata, entre otras universidades. Ese trabajo que tanto esfuerzo nos llevó durante meses todavía es materia de debate.

¿Qué probamos? Que la dictadura eligió a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Luis Mitre, entre otros civiles, como socios para silenciar el mayor genocidio que padeció este país. O sea: cuando Clarín estuvo a cargo de la libertad de prensa acalló una matanza. Luego de nuestro trabajo –que no contó con ningún apoyo de ningún organismo oficial y que por primera vez en esta desgraciada historia reflejó las voces de las víctimas- la entonces administración del Estado denunció a los dueños de Clarín, La Nación y La Razón (cómplices civiles de la dictadura) por delitos de lesa humanidad en Papel Prensa.

¿Qué ha pasado desde entonces? La causa duerme en un cajón del Juzgado Federal a cargo de Julián Ercolini. El mismo que llamó a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por “asociación ilícita”. Es curioso lo de Ercolini. Pese a tener todas las pruebas que demuestran las reuniones de los tres representantes de los diarios con el interrogador de los Graiver, el general Oscar Bartolomé Gallino; “el magistrado”, especie de rey Midas de Comodoro Py, está demasiado entretenido en la valuación de Papel Prensa y hace piruetas con peritos contadores y economistas para tratar el precio del traspaso de acciones y así evitar la cuestión de fondo: la calificación de lesa humanidad.

El único funcionario judicial que se atrevió a actuar con coraje fue el fiscal Leonel Gómez Barbella, quien en marzo de 2015, pidió al juez Ercolini la declaración indagatoria de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble; Héctor Magnetto; el director de La Nación, Bartolomé Mitre; y el ex directivo de La Razón, Guillermo Juan Gainza Paz, además del ex funcionario Juan Pío Podestá, por delitos de extorsión y de lesa humanidad. ¿Qué pasó? Nada. La Cámara lo desautorizó tan pronto como Macri le concedió una obra a su primo por 44.000 millones de pesos.

El hilo de la injusticia prosiguió hasta hace unos días, cuando el admirador de Maquiavelo y Torquemada, Ercolini, le tomó declaración casi en secreto a un testigo que mandó a buscar en Estados Unidos donde está radicado. ¿Con qué objetivo? Seguir dilatando la causa. Dicen que desde que huyó de un Juzgado de La Plata por la puerta trasera, nadie conoce el paradero de Isidoro Graiver, a quien entrevistamos y cuyo audio es categórico: “Fue a todas luces un afano, un afano”.

Tal fue el “afano” que luego de ser interpretado por el quiromante Joaquín Morales Solá, este pintoresco personaje (que no deja de ser una víctima del poder del dinero) se radicó en Londres y nadie vio su humanidad.

Seguramente el meritorio Ercolini, hombre al que La Nación menciona siempre tan dulcemente, tomará notas de estos 40 años de injusticia y recordará que Lidia Papaleo y los Graiver fueron torturados por Ramón Camps y Miguel Etchecolatz tras haber sido acorralados para firmar la venta a precio vil de Papel Prensa el 2 de noviembre de 1976.

Desde algún lugar de la esperanza seguiremos insistiendo con nuestro oficio de escribir.