El gobernador bonaerense volverá a diferenciarse de Milei en las calles. Advierte que la reforma laboral producirá "empobrecimiento y desprotección".

«La quieren llamar ‘modernización’. No sé en qué país del mundo llevarte a la época de las cavernas se llama modernización. No sé en qué lugar retroceder décadas en derechos sociales es modernización. Yo le pongo un nombre más preciso: precarización laboral», señaló el gobernador un día después de que se conociera la letra del proyecto. Y agregó: «Empobrecimiento y desprotección es la reforma que intenta hacer el gobierno de Milei».
El mandatario cuestionó el proyecto en la misma línea que lo vienen haciendo los sindicatos nucleados en las CTA y la CGT y otros sectores que denuncian que atenta directamente contra los derechos adquiridos, que no generará más empleo, que es una copia de la flexibilización que se intentó en los años ’90 y que, de aprobarse, la nueva ley será «inconstitucional».
«¿De qué se trata la reforma laboral de Milei? De trasladarles a los trabajadores y jubilados el costo de la desindustrialización y del achicamiento de la economía. Es descargar el ajuste más feroz sobre quienes menos tienen», subrayó.
El mandatario puso el acento en el impacto que ya tiene el plan económico de Milei y señaló que la reforma sólo profundizará el ajuste sobre los que peor la están pasando. «Todos los días nos enteramos de cierres, despidos y suspensiones. Esta provincia aloja el 50% del tejido industrial del país y estamos transitando un modelo de desindustrialización explícito y obsceno», describió y apuntó que se trata de un modelo «que comprime las ganancias empresariales hasta forzar cierres o la salida del país: ya podemos contabilizar un cuarto de millón de despedidos en estos dos años. Puestos de trabajo perdidos, salarios y jubilaciones por el piso».
El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, por su parte, admitió que «hay muchas cosas que se podrían discutir y debatir» del régimen laboral vigente, pero consideró que debe ser siempre en el marco de la realidad social. «Esto no es una modernidad: es una retracción en términos de derechos y en términos democráticos», planteó y consideró que uno de los puntos más sensibles es la extensión de la jornada laboral. «Habría que analizar, desde la salud mental y física, lo que implica trabajar 13 o 14 horas por día, en el mundo se va hacia menos horas de trabajo y acá quieren hacer lo contrario», remarcó.
Desde la administración provincial anticiparon a Tiempo que están trabajando junto a diputados nacionales de Unión por la Patria y a gremios para dar la pelea en el Congreso Nacional. Entre los que están analizando el articulado están el diputado y titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, y el abogado de Camioneros y flamante legislador, Hugo Moyano (hijo), quienes están alineados en el Movimiento Derecho al Futuro. Las propuestas de UxP están en línea con los proyectos que ya se presentaron en el bloque en los últimos años como el que formaliza el trabajo de repartidores de plataformas digitales, el que crea un régimen para sancionar la violencia y el acoso laboral, el que amplía las licencias parentales y el que reduce la jornada laboral, entre otros.
Kicillof también marcará presencia en la movilización a la que convocó el movimiento obrero para el próximo jueves, según confirmaron desde su entono. Lo hará con la columna del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que integran dirigentes de distintos sectores políticos, sociales y sindicales. Los ministros provinciales e intendentes alineados en el axelismo formarán parte.
El mandatario volverá así a confrontar con Milei en la calle como ya lo hizo en otras oportunidades como cuando el presidente vetó la suba de las jubilaciones y la Ley de Financiamiento Universitario.
La marcha, que promete ser masiva, será el punto de arranque de un plan de lucha que llevará adelante todo el arco gremial para frenar el proyecto que modifica la relación entre empresarios y trabajadores al habilitar cambios en las contrataciones, en la carga horaria, en los salarios, en el derecho a huelga, en el otorgamiento de vacaciones y en el pago de indemnizaciones, entre otros puntos neurálgicos.
La movida fue convocada por las dos CTA, que se declararon en estado de movilización permanente. Al anunciar la medida, las centrales señalaron en un comunicado conjunto que el proyecto de Ley de Modernización Laboral del gobierno de Milei «no moderniza nada» y que «es una ley redactada en los estudios de abogados de los grandes grupos empresarios y que utiliza a las pymes como pretexto de su verdadero propósito que es precarizar el empleo y desproteger a los trabajadores».
Denunciaron que el proyecto «ataca derechos fundamentales: debilita la presunción de relación laboral, facilitando el fraude; promueve la tercerización irresponsable; introduce salarios dinámicos que destruyen la estabilidad; y abarata los despidos, transfiriendo su costo al Estado y desfinanciando el sistema previsional». Además, «vulnera garantías constitucionales como las vacaciones y la jornada laboral, y busca desarticular la acción sindical colectiva». «
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