El gobernador mantuvo encuentros privados.
El mandatario analizó con ambos sectores el impacto de las medidas que impulsa el gobierno de Javier Milei. Lo hizo acompañado por los ministros Nicolás Kreplak (Salud); Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario); la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.
El DNU 70/2023 establece la desregulación de la comercialización de medicamentos de venta libre y admite la constitución de farmacias mediante cualquier figura jurídica, entre otras medidas que apuntan contra los profesionales farmacéuticos. Si bien en el ámbito bonaerense las medidas no impactan al estar vigente la Ley de Farmacia Provincial, el ministro Kreplak señaló que el DNU «tiene un impacto negativo en la salud pública y vulnera el rol sanitario de las farmacias: su aprobación pondría en riesgo el trabajo de mucha gente y atacaría un modelo que se construyó con mucho esfuerzo, que además es un sistema que en la provincia de Buenos Aires es muy exitoso».
El funcionario también aclaró que la política que impulsa el Gobierno Nacional «ya fracasó en los países en los que intentó aplicarse, generando un aumento de los precios de los medicamentos y una mayor concentración en beneficio de los grupos más poderosos». Y agregó que cuidar el derecho a la salud implica que en las farmacias «haya especialistas que puedan garantizar los cuidados y la seguridad de los medicamentos».
La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Gómez, por su parte, volvió a rechazar las medidas y recordó que la Confederación Farmacéutica Argentina y la Federación Farmacéutica ya presentaron un amparo a nivel nacional. «Queremos transmitirle a la comunidad cuál es el riesgo de aprobar estas medidas que impactarán en la salud pública», añadió.
Participaron también del encuentro la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud, Leticia Ceriani; los presidentes de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Ricardo Pesenti; y de la Cámara de Farmacias Bonaerenses (CAFABO), Julio Álvarez; el director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CEPROFAR), Rubén Sajem; el secretario general de la Asociación Empleados de Farmacia (ADEF), Víctor Carricarte; y el decano de la Facultad de Exactas de la UNLP, Mauricio Erben.
El mandatario recibió también este jueves a miembros de la comisión directiva e integrantes de la Cámara de Empresas PyMES Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) para analizar el impacto que tendría la aprobación de la Ley Ómnibus.
La política que impulsa el gobierno de Milei impactaría sobre once plantas bonaerenses productoras de biodiesel que están ubicadas en Bahía Blanca, Junín, Saladillo, Daireaux, Ramallo y Pilar. Se trata de un entramado pyme que surgió a partir de la sanción en 2006 de la Ley 26.093 de biocombustibles, normativa que estableció cupos, precios y cantidad de cortes con el objetivo de promover la actividad y la industrialización en el interior del país.
«La Ley Ómnibus tendría consecuencias absolutamente negativas sobre toda la industria bonaerense de biodiesel, cuya particularidad es que está integrada por pymes que generan cerca de 800 puestos de empleo directo en el interior de la provincia», señaló el ministro Javier Rodríguez y añadió: «Este proyecto viene a destruir una idea fundamental para el desarrollo bonaerense como es la promoción de la industria y el agregado de valor».
Juan Manuel Ritacco, del Grupo Bahía Energía, consideró que la aprobación de la Ley Ómnibus «significaría el cierre de las pymes del sector y la pérdida del trabajo de muchos bonaerenses» y explicó que mientras que la legislación actual «promueve el desarrollo en el interior del país, esta iniciativa busca quitarle volumen de producción a las pymes para entregárselo a los grandes productores».
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