En Tribunales siguen analizando el teléfono del contratista que reformó la casa de Indio Cua. Además, el funcionario debe presentar la declaración de su esposa.
Mónica Frade y Maximiliano Ferraro habían radicado en la Justicia una denuncia centrada en la aparente intención deliberada de Adorni al omitir datos clave en sus declaraciones juradas. Fue presentada luego de que el miércoles pasado Adorni mandara a la Oficina Anticorrupción su informe patrimonial de 2025 pero también rectificaciones de años anteriores en los que aparecieron tenencias en dólares producto de inversiones en criptomonedas que antes no estaban. En la entrevista que dio ese mismo día en LN+, el exvocero dijo que años atrás invirtió U$S 200 mil en Bitcoin y que tuvo mucha suerte porque ganó U$S 300 mil.
Ahora, fuentes judiciales señalaron a Tiempo que la denuncia fue remitida al Juzgado de Ariel Lijo, donde está la avanzada investigación contra el jefe de ministros. De todos modos, ya desde la semana pasada, el fiscal tenía en la mira una nueva línea de investigación a partir de las declaraciones juradas y las versiones que dio Adorni en la última entrevista, que no resultaron creíbles en Comodoro Py.
El celular del contratista
Por estos días Pollicita y su equipo trabajaban en el análisis del contenido del celular de Matías Tabar, el contratista que contrató el funcionario para la reforma total de la casa del country Indio Cua Golf Club. Al declarar como testigo, el hombre había asegurado que le cobró U$S 245 mil al jefe de Gabinete por la totalidad de los trabajos, pero según el funcionario “el número es menor”. Más allá de la aparición de datos como la compra de ropa de cama por $ 8,1 millones que se conoció días atrás, la Justicia busca más detalles sobre el costo total de las reformas.
En ese marco apareció en escena el nombre de Gisela Kocsis, una trabajadora de Casa Rosada que sería secretaria privada de Adorni y quien habría dado su nombre para la factura de la compra de las sábanas. No se descarta que en los próximos días la mujer pueda ser convocada a dar su testimonio.
Si bien en la Justicia evitaron precisiones al respecto, también apareció en el horizonte la madre de Adorni, Silvia Pais. Entre las medidas que pidió el fiscal a mediados de semana hay un requerimiento dirigido al barrio privado Fincas de Iraola, ubicado en Berazategui, para que responda si la mujer vive allí, en qué calidad y desde cuando. Desde hace meses hay versiones que indican que Adorni habría tenido
intervención en su mudanza.
El nombre de la madre del funcionario aparece en las declaraciones juradas como su acreedora. Al cierre del periodo 2025, Adorni declaró que le debe poco más de $ 16 millones.
La pista cripto
Más allá de eso, el fiscal Pollicita espera por estos días que la Comisión Nacional de Valores envíe información sobre el detalle de plataformas y billeteras virtuales que operaron en el país desde 2012. El objetivo es sumar esa información a los datos que hay en la causa sobre la pista cripto. Al rectificar su declaración jurada de 2023, Adorni declaró la adquisición de activos digitales que antes había omitido. Lo hizo bajo los conceptos “Cripto BTC”, “Cripto Binance” y “Cripto Lemon”, que liquidó para 2024. La Fiscalía aguarda informes que precisen la cotización de esos activos al ser adquiridos por Adorni y su posterior variación.
Como se sabe, la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja en un detallado informe sobre los movimientos financieros del jefe de Gabinete y de su mujer, Bettina Angeletti. En el equipo abocado a esa tarea también hay un especialista en cripto. Lo que concluyan allí será crucial para el requerimiento de justificación patrimonial que Adorni tendría que responder. Para llegar a ese punto, el fiscal busca tener la mayor cantidad de elementos posibles y parte de las medidas de los últimos días apuntan a eso.
Falta, de todos modos, que el funcionario presente el anexo reservado con la declaración jurada de Angeletti, que no estuvo entre la información que envió a la Oficina Anticorrupción. Pese a eso, fuentes judiciales avisaron que la decisión es avanzar esté o no esté esa información.
En el horizonte también está la posibilidad de que Manuel Adorni y su hermano Francisco hayan actuado deliberadamente para “acomodar” sus números y que todo encaje, principalmente en lo que respecta a la herencia del padre de ambos. Por eso es que Pollicita también pidió conocer el contenido de una causa paralela radicada en el juzgado de Daniel Rafecas y la fiscalía de Guillermo Marijuán, donde se investiga al hermano del jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa. En ese expediente, el fiscal pidió la indagatoria del diputado bonaerense, sobre la cual resta una definición del juez.
Todos esos frentes confluyen en un mismo punto: el armado del requerimiento que muy probablemente tenga que enfrentar Adorni para justificar los números de su patrimonio sobre los cuales hay dudas. Mientras en el plano político parece debilitarse con el correr de las semanas, en Comodoro Py la decisión de avanzar no muestra señales de freno. «
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